El juez investiga también a Mauricio Casals, adjunto al presidente de Atresmedia, por coacciones a Cristina Cifuentes
La Guardia Civil detuvo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra la corrupción en la gestión del Canal de Isabel II en la que fueron arrestadas otras once personas. El juez, en el marco de la operación Lezo, investiga presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Es decir, si desviaron fondos del Canal, entidad pública presidida por González entre 2003 y 2012, para enriquecerse.
Durante todo el día, hasta las 19.15 horas, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el domicilio del exmandatario madrileño en una exclusiva urbanización de Aravaca, en Madrid, búsqueda en la que se utilizaron incluso perros especializados en detección de dinero. Terminada la búsqueda en su casa, los investigadores se desplazaron al despacho de González, que pasó la noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Además de Ignacio González, está detenidos su hermano Pablo, directivo de Mercasa, empresa pública cuya sede fue registrada.
Se da la circunstancia de que los jueces José de la Mata y Velasco coordinaron para desarrollar sendas operaciones contra Mercasa y el Canal de Isabel II, dado que esta última investigación afecta tangencialmente a la primera empresa.
Otro de los detenidos es Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica y cesado hace un año como presidente de Inassa, filial colombiana del Canal, que gestiona contratos de agua en el resto de países sudamericanos. Fue arrestada también María Fernanda Richmond, ex directora financiera del Canal.
multiples registros
Los agentes de la UCO no solo registraron el domicilio y el despacho de Ignacio González. También lo hicieron en la sede del Canal; en Subastas Segre, presidida por Lourdes Cavero, mujer del expresidente madrileño e investigada en la causa; en Urbaser, empresa ya investigada en el caso Púnica, o en Auditel.
Y en esas pesquisas, además de las detenciones y registros ordenados, el juez citó como testigos a cinco personas, incluida la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el consejero de Presidencia y responsable del Canal, Ángel Garrido. A Garrido le tomó declaración por la tarde en la Consejería de Presidencia, mientras que a Cifuentes le entregó las preguntas para que conteste por escrito, como permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ellos llevaron a la Fiscalía en julio de 2016 sus sospechas sobre las presuntas prácticas fraudulentas en la gestión del Canal en la etapa anterior. La Fiscalía Anticorrupción investigaba los hechos desde octubre de 2015, pero en verano del año pasado se judicializó el caso.
Poco después de la presentación de esa denuncia, el actual presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, ordenó el cierre de una decena de empresas que en Latinoamérica tenían poca actividad o ésta no se correspondía con las relativas al ciclo integral del agua.
Dentro de la operación, el juez Velasco investiga también a al presidente de La Razón, Mauricio Casals, y a su director, Francisco Marhuenda, del mismo grupo: Atresmedia. Según las fuentes del diario El Español, Casals ordenó a Marhuenda que presionara a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara los abusos e irregularidades detectadas en el Canal de Isabel II, la empresa pública de la Comunidad de Madrid con la que González hizo presuntos delitos. Y ello porque Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la editorial de La Razón, era el presidente de Inassa, filial del Canal de Isabel II.
Al final de la jornada, el juez Velasco calificó la operación de "complicada" y reconoció estar "muy cansado" después de levantarse a la cinco de la mañana para iniciar los registros.
La oposición pide que se depuren responsabilidades
Los principales partidos políticos reaccionaron al conocer la detención de Ignacio González y el resto de implicados. Desde el PP,
el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró que lamenta "profundamente" que haya en su partido personas implicadas en casos de corrupción, pero defendió la presunción de inocencia. "A ver si intentamos no condenar a la gente antes de que la condenen los tribunales".
No se pronunció, sin embargo, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, que no quiso hacer ninguna valoración sobre la detención del que fuera su número dos, mientras se prepara su declaración de hoy como testigo ante el juez en el marco de la trama Gürtel.
Desde las filas socialistas, la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE madrileño manifestó que lamenta la "falta de colaboración y transparencia" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y le pidió que "deje de utilizar excusas" respecto a la supuesta trama de corrupción del Canal de Isabel II.
También crítico fue el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que advirtió del daño que está causando para la "imagen" de España ver a un partido, el PP, "gobernando" con la Gürtel, con la Púnica, los papeles de Bárcenas y el caso de Murcia: "Es innegable que para España no es bueno".
Por último, en Podemos, aseguraron que incorporarán hoy al denominado "tramabús" al expresidente madrileño, mientras el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, reconoció que están explorando la opción de presentar una moción de censura al gobierno regional.n
