La banalidad demostrada por nuestra clase política en la derivada nacional de la algarada golpista de Brasil raya en la insensatez. Insensatos continuos y discontinuos surgen como hongos, con la misma facilidad a la derecha y a la izquierda del espectro.
Ahí encaja la pedrada de Cuca Gamarra contra el Gobierno de Sánchez al fantasear con la calificación penal de "desórdenes públicos" que aquí le hubiéramos dado al subversivo tumulto de los bolsonaristas. Allí lo llaman "abolición violenta del Estado de Derecho", mucho más parecido al tipo de rebelión que aún está vivo en nuestro Código Penal.
Pero también encaja en la insensatez de nuestros dirigentes políticos la absurda alusión de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, cuando fantaseó con la posibilidad de que aquí ocurra lo mismo que en Brasil si Feijóo no se aleja de la ultraderecha, que en realidad es un deseo del Gobierno para validar su discurso deslegitimador del PP.
Este nuevo intercambio de golpes confirma la apuesta por la confrontación que parece consolidarse en el desempeño de las dos grandes fuerzas políticas que compiten por la Moncloa, una por conservarla y otra por reconquistarla. Vuelven a las andadas. Las de un PP que niega legitimidad al Gobierno de Sánchez. Y las de un PSOE (y aliados), que coloca la etiqueta de fascista a todo lo que se mueve a la derecha.
Es una lástima que estas querellas internas de nuestra clase política nos distraigan de celebrar lo que hay de positivo en los sucesos de Brasil. Me refiero a la saludable reacción de los titulares de las instituciones, que este martes hicieron piña en defensa de la democracia, el imperio de la ley y el orden constitucional. Justamente son esos los valores intangibles que han sido amenazados por el tumultuario y destructivo asalto a las sedes de los tres poderes constitucionales localizadas en Brasilia, la capital federal del gran país latinoamericano.
Los 1.500 detenidos que han desbordado las comisarias en distintos puntos de Brasil (van siendo liberados los que no tienen responsabilidad en la organización del movimiento), la templanza de las Fuerzas Armadas ante las incitaciones golpistas que estaban recibiendo de quienes con más o menos descaro las dejaban traslucir, la firmeza del presidente Lula Da Silva y la renovación del pueblo brasileño de su fe en el sistema democrático, han impedido que el movimiento no haya ido a mayores.
Se informa de que algunos de los asaltantes dieron lo mejor de sí mismos en los recintos sagrados del poder democrático. Quiero decir que defecaron en los rincones del Palacio Presidencial, el Parlamento o la Corte Suprema. Bueno, pues con eso está dicho todo sobre esta especie de nuevos vándalos que surgen al calor de los populismos y el contagioso papanatismo de las redes sociales.
Ahí encaja la pedrada de Cuca Gamarra contra el Gobierno de Sánchez al fantasear con la calificación penal de "desórdenes públicos" que aquí le hubiéramos dado al subversivo tumulto de los bolsonaristas. Allí lo llaman "abolición violenta del Estado de Derecho", mucho más parecido al tipo de rebelión que aún está vivo en nuestro Código Penal.
Pero también encaja en la insensatez de nuestros dirigentes políticos la absurda alusión de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, cuando fantaseó con la posibilidad de que aquí ocurra lo mismo que en Brasil si Feijóo no se aleja de la ultraderecha, que en realidad es un deseo del Gobierno para validar su discurso deslegitimador del PP.
Este nuevo intercambio de golpes confirma la apuesta por la confrontación que parece consolidarse en el desempeño de las dos grandes fuerzas políticas que compiten por la Moncloa, una por conservarla y otra por reconquistarla. Vuelven a las andadas. Las de un PP que niega legitimidad al Gobierno de Sánchez. Y las de un PSOE (y aliados), que coloca la etiqueta de fascista a todo lo que se mueve a la derecha.
Es una lástima que estas querellas internas de nuestra clase política nos distraigan de celebrar lo que hay de positivo en los sucesos de Brasil. Me refiero a la saludable reacción de los titulares de las instituciones, que este martes hicieron piña en defensa de la democracia, el imperio de la ley y el orden constitucional. Justamente son esos los valores intangibles que han sido amenazados por el tumultuario y destructivo asalto a las sedes de los tres poderes constitucionales localizadas en Brasilia, la capital federal del gran país latinoamericano.
Los 1.500 detenidos que han desbordado las comisarias en distintos puntos de Brasil (van siendo liberados los que no tienen responsabilidad en la organización del movimiento), la templanza de las Fuerzas Armadas ante las incitaciones golpistas que estaban recibiendo de quienes con más o menos descaro las dejaban traslucir, la firmeza del presidente Lula Da Silva y la renovación del pueblo brasileño de su fe en el sistema democrático, han impedido que el movimiento no haya ido a mayores.
Se informa de que algunos de los asaltantes dieron lo mejor de sí mismos en los recintos sagrados del poder democrático. Quiero decir que defecaron en los rincones del Palacio Presidencial, el Parlamento o la Corte Suprema. Bueno, pues con eso está dicho todo sobre esta especie de nuevos vándalos que surgen al calor de los populismos y el contagioso papanatismo de las redes sociales.
