Cada día son más los ciudadanos que se preguntan hasta dónde podrá aguantar el Gobierno la estrategia actual a sabiendas de que todos los síntomas indican que conduce al desastre, provocando el empobrecimiento progresivo del país, que ya sería mucho dicho así, pero que todavía es peor cuando a las situaciones dramáticas o angustiosas se le pone nombre y apellidos, detrás de los que hay hombres, mujeres y niños incapaces de sobrevivir con dignidad. Las estadísticas del paro cabalgando por encima de los 6,2 millones de personas, obligan al Ejecutivo a un golpe de timón que rompa una dinámica que castiga al sector privado y a la familia, y nos enfila hacia el abismo.
Aunque Mariano Rajoy haya dicho que tiene idea clara de la situación, su equipo económico ya admitió que acabará la legislatura con más desempleo que cuando comenzó y que la posible recuperación se desplaza hasta 2016, evidenciando un fracaso de las políticas adoptadas hasta ahora, caracterizadas por los recortes en servicios y prestaciones y subidas de impuestos. Todos los expertos imparciales situados fuera de la órbita del Gobierno proclaman la necesidad perentoria de tomar un rumbo distinto.
Sin crédito para la actividad empresarial y con la confianza bajo mínimos, la recuperación, con estos mimbres, es una quimera inalcanzable. Quienes así opinan apelan con rotundidad a la necesidad de emprender reformas estructurales que permitan revertir la dinámica actual. A su juicio, lo más urgente es volver a bajar IRPF e Impuesto de Sociedades. Sin embargo, tales medidas de impacto exigen el acompañamiento de otras de gran calado, hasta ahora inexploradas pero imprescindibles, como el adelgazamiento significativo de la estructura de las Administraciones, a base de eliminar servicios duplicados y centenares de empresas públicas a las que cabe el dudoso honor de multiplicar la burocracia, con el consiguiente coste, triturando de paso miles de millones en sueldos y subvenciones absolutamente prescindibles.
Para mantener este monstruo con múltiples cabezas, al que todavía figuran adosados 20.000 asesores políticos cobrando del erario, el Gobierno se dedica a empobrecer al sector privado. Mientras, poner en marcha en negocio supone entablar una lucha titánica frente a las trabas de las administraciones central, autonómica y local, que echa para atrás a muchos emprendedores.
Si Rajoy sabe, como dice, hacia dónde se encamina la economía española, los ciudadanos lo intuyen, pero muy alejados de la visión del presidente del Gobierno, y por eso demandan medidas valientes que ataquen el fondo del problema, evitando un mayor deterioro. Saben que quienes gobiernan andan perdidos y sin idea del rumbo a tomar y, si lo supiesen, sin arrestos para emprenderlo. El adelgazamiento significativo del sector público ha de ser el principio para una administración eficaz, asumible presupuestariamente y sostenible en el tiempo. En caso contrario, será muy difícil evitar un fracaso de imprevisibles, por dramáticas, consecuencias.
