La Compañía de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) precisará este año 94 millones de euros de las arcas públicas gallegas para poder seguir funcionando como lo ha hecho hasta ahora, en una escandalosa deriva a la que nadie es capaz de encontrar justificación como no sean quienes la defienden por pura inercia o los que se benefician directamente de ella: los políticos en el poder. Es la única utilidad demostrada en casi treinta años de funcionamiento. Esta es la única conclusión que se extrae de la propia comparecencia en sede parlamentaria del director general de la compañía.
Ya nadie niega que la situación es insostenible y ese es el calificativo más generoso que se puede conceder a la dilatada y errática trayectoria de la televisión autonómica. Cada comparecencia de este estilo constituye una vergüenza por la constatación de imposibilidad de llevar a la compañía a la justa dimensión de la que nunca debió trascender. Anunciar un cierre de ejercicio sin déficit, cuando la Xunta aporta en torno a 100 millones de euros anuales de dinero público, es una broma pesada si no fuera por la gravísima situación que genera en el sector gallego de la comunicación. La primera e inaplazable decisión respecto a la CRTVG ha de ser el cese de su financiación mediante ingresos publicitarios. Una compañía que presupuesta para este año una inyección de 94 millones de la Xunta no puede contemplar además 7,9 millones (casi la mitad que en ejercicios anteriores) por venta de publicidad porque lo que está haciendo es beneficiarse con ello de recursos públicos para absorber la financiación del sector privado, obligándolo a competir en clara desventaja, empobreciéndolo y arruinando iniciativas emprendedoras solventes y eficientes económica, laboral y socialmente. Con una financiación pública como la que recibe la TVG y sin las injerencias que ésta aporta, el sector audiovisual gallego sería hoy una industria mucho más dinámica y enriquecedora para nuestro tejido económico.
Para situar la televisión autonómica en la dimensión adecuada es preciso reducirla a la mínima expresión hasta dar los pasos precisos, debidamente calculados, para finiquitarla. Como se ha demostrado es económicamente inviable, laboralmente insostenible, está políticamente dirigida y el pretendido servicio público que fundamentó su creación, con argumentos como la promoción o defensa del idioma, es perfectamente asumible desde el ámbito privado, con los acuerdos y apoyos precisos del Gobierno autonómico o el Parlamento. Esa sería la decisión más sensata, que acabaría con un ente inútil en lo social y pernicioso en lo informativo, cuyo único rédito constatable estriba en beneficiar al gobierno de turno en virtud del manejo sistemático de la información en favor del poder que, además, conlleva el engaño y la manipulación masiva de la población, traicionando los principios de interés público para el que fue concebido.
Así las cosas, no deja de sorprender la ignorancia supina de sus señorías en esta cuestión, como se comprueba en cada explicación que ofrece el director general de la CTVG en el Parlamento autonómico. Las intervenciones parlamentarias se circunscriben a los tópicos más rancios, alejados de la realidad, del sentido común y de la esencia de la comunicación que debe representar un medio público al servicio de las reglas básicas de la libertad de expresión.
La CRTVG ha sido siempre y será un ejemplo de institución al servicio del gobierno de turno, utilizada para colocar y pagar prebendas a amigos leales, condicionar a las operadoras privadas del sector, despilfarrar dinero en coches oficiales, dietas y otros gastos onerosos, impropios de la situación que vivimos y que en absoluto se compadece con la austeridad preconizada por el presidente de la Xunta. La cruda realidad de esta crisis ha puesto definitivamente al borde el abismo un organismo monstruoso, perverso por naturaleza e indefendible incluso en los momentos de bonanza.
