Los últimos pensionistas

Los últimos pensionistas
La historia empezó en el último tercio del siglo XIX con la llegada de la industrialización, al modernizarse las organizaciones sociales, políticas y sindicales. Con el reconocimiento de los derechos solidarios y con la estructuración del poblamiento moderno, muy urbano y alejado de los sectores primarios y de autoabastecimiento. El siglo XX fue la centuria donde se implantó la protección real de la persona por el Estado. Los derechos de la ciudadanía alcanzaron valores efectivos más allá de la caridad tradicional de las religiones, de las dádivas clientelares de los regidores y de las asociaciones gremiales. Pero en paralelo, el triunfo del sector terciario, sobre los de producción y manufacturación, ha originado sociedades e individuos absolutamente dependientes de las decisiones gubernamentales o partidarias. La total autonomía individual es hoy un privilegio exclusivamente de los ricos.
Quienes nacimos a mediados del siglo XX hemos visto esperanzados el crecimiento y valoración de un mundo, que parecía dispuesto a generar sociedades del bienestar, donde la educación y la sanidad gratuitas, junto con la protección durante el desempleo y la jubilación, eran los motores esenciales. Hasta que llegó el capital y mandó parar. En un plis-plas la educación se ha desequilibrado en favor de las clases ideológicas tradicionalistas, la sanidad es un oscuro deseo de negocio y la protección social depende de la cuenta de resultados del Estado, no del principio de solidaridad ni de los derechos adquiridos. Y en este nuevo contexto, el pensionista medio y bajo es el ser más débil y vulnerable. Además de una especie en peligro irreversible de extinción.
La idea de que la persona trabaja para vivir al día gracias a su esfuerzo y con él contribuir a la caja común para asegurar la vejez, dentro de una dinámica de valores de consumo, ha producido una sociedad desarmada. El ahorro, para las clases medias y bajas, es prácticamente imposible. En el mejor de los casos se ha centrado en la consecución de un hogar mediante el pago de una longeva hipoteca. Dinámica sobre la cual el capital también ha decidido echar su zarpa. No compre, alquile. Es el nuevo mandamiento. El derecho a la vivienda ha pasado a papel constitucional mojado en beneficio de los fondos buitre. A la persona jubilada del futuro, sin techo ni ahorros, la están condenando a la indigencia.
Sibilinamente nos han conducido a la lucha por la revalorización de las pensiones. Una entretenida reivindicación mientras nosotros vamos muriendo y las nuevas generaciones se mentalizan con la idea de que ese invento del bienestar era una utopía. Les anuncian que será necesaria una vida laboral precaria hasta los setenta años, en un mercado dominado por los robots y las tecnologías avanzadas. Esto es, un desfiladero demasiado estrecho y contradictorio al final del cual se vislumbran los planes privados de pensiones –otra insegura explotación del capital- y la administración del Fondo Reservado de la Seguridad Social en manos de corporaciones anónimas, en paralelo a la sanidad y la educación mercantilizadas.
Nueve millones y medio de pensionistas luchan hoy en España por la dignificación de las remuneraciones que en justicia les corresponden. Son un conglomerado, a quienes sólo se les otorga el tratamiento real de votantes y de representantes de una excepción en el curso de la Historia. Hoy suman pero para mañana no cuentan.