Supongamos que usted es empresario y está buscando un coordinador general para su empresa. Una persona de confianza en la que poder delegar las principales funciones de equilibrio entre las distintas posiciones de los departamentos productivos, financieros y comerciales de su organización. Usted tiene claro el perfil del empleado y las facultades que ha de otorgarle. Pero en el momento de la elección, por razones coyunturales, presión de los poderes fácticos, indicaciones de su principal banquero, etc. le presentan un candidato fabricado ad hoc que, además, pertenece a una familia de abolengo con una larga tradición histórica, con presencia en los poderes públicos e, incluso, le indican que el puesto debe convertirse en hereditario como garantía de continuidad de la empresa. Usted se lo piensa rascándose las desconfianzas, pero finalmente acaba aceptando.
Entonces llega el momento de la firma del contrato y analiza con detenimiento el currículo del candidato. Comprueba que nunca antes había desempeñado un cargo semejante, aunque parece correctamente preparado, es joven y dinámico, tiene don de gentes y parece dispuesto a batirse el cobre para que la empresa funcione, no se muestra excesivamente ambicioso económicamente, aunque de fondos propios no está sobrado, y goza de amistades interesantes.
Sin embargo, en las condiciones del contrato el desempeño del cargo será inviolable y sus decisiones no estarán sujetas a responsabilidad propia. Usted, como empresario y propietario del chiringuito, las asumirá y lo convertirán en responsable hasta de los desafueros más inesperados del contratado. Y aunque esto le quita el sueño, acaba por sentarlo en el despacho más importante de la empresa. Pasa el tiempo y todo parece ir bien, el joven directivo se gana la confianza y el afecto de la mayoría de los departamentos, salva alguna situación peliaguda y las relaciones públicas e internacionales se le dan bien. No obstante en su cabeza de empresario no deja de temer cualquier desliz propio de un manifiesto irresponsable y, además, inviolable. Y, mientras lo ve envejecer, mira de reojos al hijo sucesor, ya que el contrato con el progenitor no le deja libertad para buscar otro posible candidato.
Exactamente esto es lo que nos sucedió en la transición y durante la redacción de la Constitución de 1978. Los republicamos responsablemente acabamos comprando un rey, producto que no era de nuestro gusto. Cautivados por el deseo de concordia, paz y libertad muchos llegamos a ser juancarlistas, una forma de respetar la monarquía sin asumirla plenamente.
Y hasta las postrimerías de su reinado no nos defraudó profundamente. Entonces dejamos de perdonarle sus veleidades, trapicheos económicos, aventuras de faldas, etc. Y, al alegrarnos de su abdicación, ni siquiera resucitamos el dilema entre monarquía y república.
Mantuvimos el error histórico. Ahora, conocidos los presuntos fraudes, comisiones ilegales y blanqueos de dinero negro… de cuanto se le acusa ante los tribunales, no conseguimos entender, ni quizás debamos aceptar, que Juan Carlos I siga siendo aforado, protegido por privilegios de clase y nobleza anacrónicos, injustos e intolerables. Es probable que los republicanos responsables no levantemos la bandera tricolor, pero es bien cierto que la 3ª República está llegando de la mano de la propia monarquía borbónica.
Entonces llega el momento de la firma del contrato y analiza con detenimiento el currículo del candidato. Comprueba que nunca antes había desempeñado un cargo semejante, aunque parece correctamente preparado, es joven y dinámico, tiene don de gentes y parece dispuesto a batirse el cobre para que la empresa funcione, no se muestra excesivamente ambicioso económicamente, aunque de fondos propios no está sobrado, y goza de amistades interesantes.
Sin embargo, en las condiciones del contrato el desempeño del cargo será inviolable y sus decisiones no estarán sujetas a responsabilidad propia. Usted, como empresario y propietario del chiringuito, las asumirá y lo convertirán en responsable hasta de los desafueros más inesperados del contratado. Y aunque esto le quita el sueño, acaba por sentarlo en el despacho más importante de la empresa. Pasa el tiempo y todo parece ir bien, el joven directivo se gana la confianza y el afecto de la mayoría de los departamentos, salva alguna situación peliaguda y las relaciones públicas e internacionales se le dan bien. No obstante en su cabeza de empresario no deja de temer cualquier desliz propio de un manifiesto irresponsable y, además, inviolable. Y, mientras lo ve envejecer, mira de reojos al hijo sucesor, ya que el contrato con el progenitor no le deja libertad para buscar otro posible candidato.
Exactamente esto es lo que nos sucedió en la transición y durante la redacción de la Constitución de 1978. Los republicamos responsablemente acabamos comprando un rey, producto que no era de nuestro gusto. Cautivados por el deseo de concordia, paz y libertad muchos llegamos a ser juancarlistas, una forma de respetar la monarquía sin asumirla plenamente.
Y hasta las postrimerías de su reinado no nos defraudó profundamente. Entonces dejamos de perdonarle sus veleidades, trapicheos económicos, aventuras de faldas, etc. Y, al alegrarnos de su abdicación, ni siquiera resucitamos el dilema entre monarquía y república.
Mantuvimos el error histórico. Ahora, conocidos los presuntos fraudes, comisiones ilegales y blanqueos de dinero negro… de cuanto se le acusa ante los tribunales, no conseguimos entender, ni quizás debamos aceptar, que Juan Carlos I siga siendo aforado, protegido por privilegios de clase y nobleza anacrónicos, injustos e intolerables. Es probable que los republicanos responsables no levantemos la bandera tricolor, pero es bien cierto que la 3ª República está llegando de la mano de la propia monarquía borbónica.
