La separación de poderes, aún con la imperfección con que funcionan, fue un gran hallazgo de Loke y Montesquieu para la buena salud democrática de la sociedad moderna. Quizás por ello no resulte sorprendente ver a personajes políticos tan poderosos como Artur Mas y Francesc Homs capidisminuidos frente a los tribunales de justicia.
Aunque parte de la soberbia se les queda trabada a las puertas de los juzgados, intentan hacer valer el poderío, que un día le dieron los votos, con bravatas para la galería. Sin embargo no pueden evitar cuánto les intimidan las togas y toda la parafernalia de los símbolos de uno de los poderes que no pueden controlar totalmente. Les brota en los gestos, en la modulación de la voz, en la forma de construir las frases, en cierta inseguridad ante la posibilidad de que cuanto quede dicho juegue en su contra.
Evidentemente no están ante el tribunal de los votantes a quienes hoy les dicen una verdad y mañana la contraria con la mayor tranquilidad y desfachatez. Y es lamentable comprobar en el banquillo la endeblez de sus argumentos en relación con la convocatoria de la consulta del 9-N de 2016. En la calle los utilizan de hierro o acero inoxidable, ante el tribunal son de papel higiénico usado.
¿Puede la ciudadanía aceptar sus confesadas ignorancias de las reglas del juego o sus incapacidades para interpretar la legalidad? ¿Son ellos quienes han tenido las altas responsabilidades del gobierno de una comunidad? Eso, por sí mismo merece una condena por irresponsables, por un delito de manipulación de la voluntad popular, por falsedad testimonial -si los jueces se acogen a las declaraciones publicadas por los investigados-, y por tratar de falsear la realidad social en beneficio propio. Todos son delitos no tipificados en el código penal. Pero sí están contemplados en el código ético de las buenas prácticas sociales a las que se deben todos los representantes del pueblo.
Pero al margen de cuanto la ley y los tribunales dictaminen en este espinoso asunto del independentismo catalán, desde la Generalitat y los partidos que la gobiernan están transmitiendo la más peligrosa de las ideas para la convivencia democrática. Nos están diciendo que la legalidad –que siempre es un convencionalismo, como lo es el cero en matemáticas o la teoría de la relatividad- no es respetable, no forma parte de la división de poderes si no está en función de los intereses partidistas, en este caso de los independentistas.
Y resulta bien curioso, aunque sea un latiguillo acostumbrado, acusar al tribunal de justicia de “hacer política” cuando lo que realmente se está juzgando es una deturpación precisamente “política” de la legalidad. ¿Acaso todo acto de convivencia no es una acción política? ¿Administrar la justicia en el marco de una determinada legislación emanada de las Cortes o de un Parlamento autonómico no es un ejercicio político?
Para responder basta con el sentido común. Para entender lo que sucede “en” y “con” Cataluña es necesario hacer un master en política del absurdo.
