Opinión

¿No somos todos iguales?

La Xunta de Galicia acaba de pegar un mazazo y arrojar un jarro de agua helada sobre los miles de opositores que están preparando o han decidido presentarse a las próximas pruebas de acceso a la función pública de Galicia, confiados en la planificación de próximas convocatorias que promete el gobierno autonómico, despúes de un largo tiempo de ofertas nimias o insignificantes.
Por si no fuera suficiente la incertidumbre de unos procesos selectivos interminables y sin certeza alguna a la hora de conocer las fechas de las ofertas, convocatorias y las pruebas mismas -que hacen imposible o esquizofrénica cualquier programación en el estudio- los opositores se encuentran ahora con la noticia de que la experiencia de los interinos pesará nada menos que un cuarenta por ciento en todas las oposiciones a la Administración autonómica. 
La Xunta de Galicia opta por modular –si no recortar- el principio de igualdad en el acceso al empleo público, premiar con fuerza el mérito o la fortuna de haber trabajado interinamente en la Administración y escoger el híbrido mutante del concurso-oposición como sistema de selección para los futuros empleados públicos. Un procedimiento que está previsto en la ley, que entiendo reivindiquen quienes tienen servicios prestados y formación específica, pero que impide competir en igualdad de condiciones, puesto que supone una dificultad y un esfuerzo añadido para quienes no parten de dicha situación aventajada, al tener que luchar contra unos privilegios que sólo deberían ser valorados en procesos de provisión o promoción internos o, como mucho y siendo inevitable, como mérito para el acceso en un porcentaje menor.
Con la excusa de reducir al 7% la temporalidad y facilitar la estabilización de 14.700 interinos, la Xunta de Galicia les dará una ventaja máxima de cuarenta puntos sobre cien en cualquier oposición, permitiéndoles correr, junto a sus oponentes del turno libre puro, una carrera de cien metros en la que partirán a tan solo sesenta metros de la meta. Es cierto que, para que se computen los méritos, los interinos deben superar la fase de oposición, pero el interés del gobierno autonómico por utilizar y justificar este sistema podría llevarnos a pensar en unas pruebas con un nivel de exigencia menor al que nos tiene acostumbrados Función Pública, que en los últimos tiempos ha puesto muy alto el listón para ser funcionario en Galicia, con temarios abultados y sin casi margen para el error. 
Quienes deciden el asalto al empleo público dedicando interminables horas al estudio de los temas y sacrificando por tiempo indefinido su vida familiar y social en un procedimiento de concurrencia competitiva sin garantía de éxito, no merecen una incertidumbre añadida de esta magnitud. Los derechos de los interinos deben ser respetados y reconocidos pero no a costa de generar una desigualdad manifiesta. Si la Xunta de Galicia decide abandonar el sistema de acceso por oposición libre y opta por el concurso-oposición, debería al menos ponderar el peso de la fase de concurso de modo que no se desvirtúe el principio de igualdad y se siga avanzando en una Administración más justa y transparente. Porque si no es así, el día que convoquen por concurso-oposición la única plaza para ocupar la Jefatura del Estado -puesto que no es de elección o designación política- solo tendrán puntos los miembros de la familia real y ni yo me molestaré en prepararme, a pesar del atractivo del chollo. ¿O será por libre designación?

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