La decisión del Tribunal Supremo de que el juicio al los soberanistas catalanes, que comenzará el martes doce de febrero, sea transmitido íntegramente en directo, o sea, que pueda ser seguido de principio a fin por cualquier ciudadano del mundo que desee hacerlo, es una de las medidas más inteligentes que haya podido tomar el alto tribunal. No solo porque ofrece una necesaria transparencia, si no, fundamentalmente, porque apaga cualquier maniobra, por parte de los independentistas, de fabular, como han venido haciendo de manera contumaz y reiterada, sobre la falta de democracia e independencia de las instituciones españolas.
Sin duda -ya han empezado los primero escarceos- el independentismo más activo y vocinglero, tratará de convertir el juicio en un nuevo escenario con que transmitir a la sociedad catalana y, sobre todo, al exterior, su reiterada imagen de una España opresora y antidemocrática, en la que la independencia del poder judicial brilla por su ausencia. Cosa en la que algunos recientes y manifiestos errores por parte tanto de la magistratura como del poder legislativo y el pasado Ejecutivo (Cosidó, Marchena...), han podido poner en entredicho. Por ello, más que nunca, era necesaria una medida que apagase esa idea y, sin duda, la decisión de que el juicio se transmita en directo ha puesto muy difícil el uso de esa faceta de sempiterno victimismo soberanista. Pero, sobre todo, más que apagar cualquier pensamiento en ese sentido que pudiera haberse despertado en cualquier país, cosa que afortunadamente ha sido mínima, más importante es el hecho de que abrirá ventanas de realidad a los catalanes que, de buena fe, han atendido las tesis del soberanismo y se han dejado engañar por ellas.
La participación de más de quinientos testigos, solicitados tanto por las acusaciones como por las defensas, va a añadir a la indudable expectación otros evidentes problemas para los independentistas. La obligación para los testigos de decir verdad va a poner serias dificultades a las defensas. E incluso hará que personajes como el President del Parlament, Roger Torrent, se abstengan de hacer campaña a favor de los encausados, en su condición de testigo. Cosa que también afectará a Artur Más, Tardá, Rufian, o la alcaldesa Ada Colau, entre otros.
Tampoco será precisa la presencia solicitada por las defensas de observadores internacionales, en la medida en que todo el mundo pasa a convertirse en posible observador, solo con acceder en su momento al canal de televisión en que se emita el acontecimiento.
O sea que, lo que para los independentistas iba a ser una oportunidad de oro más para agitar el victimismo puede convertirse en un enorme y larguísimo jarro de agua helada. Con el frío que está haciendo.
