Opinión

Renta básica, también tres “fases”

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Renta básica, también tres “fases”

Cuando se trata de otorgar derechos a las personas, la cuestión puede ser muy justa y legítima, pero resulta necesario hilar muy fino y ser muy cautelosos en los planteamientos, ya que un otorgamiento de derechos para unos conlleva, necesariamente, el afloramiento de obligaciones para otros. Tal es el caso de la medida aprobada por el Gobierno para garantizar el ingreso mínimo vital que garantice a los hogares españoles una renta media de 10.070 euros año (839,2 euros al mes). Este derecho conllevará a que los españoles que sí trabajen contribuyan a mantener con parte de sus impuestos a aquellos que no lo hagan.  

La descabellada propuesta inicial del partido podemita con respecto a la renta universal, ha quedado enterrada bajo el manto de la sensatez y prudencia política. Resultaría absurdo solo el pensar en que pudiera ver la luz cualquier transferencia universal e incondicional de renta a todas las personas, como si se tratara de un derecho de ciudadanía. Sería un disparate imposible de costear, distribuir una renta mínima de manera incondicional: igualmente para ricos como para pobres, para quienes trabajen como para quienes no encuentren trabajo, o para quien quiera trabajar como para quien no lo desee. Descartemos por tanto esta “primera fase”, por rematadamente absurda.

Otra cosa es, no cabe duda, el ingreso mínimo vital. No se trata una transferencia de renta desde el Gobierno a toda la población y está, además, estrictamente condicionada. No se trataría tampoco de un ingreso permanente, sino que se plantea como puente para que las personas que la reciban puedan acceder cuanto antes al mercado productivo y contribuir con ello a la cooperación con quienes posteriormente lo necesiten. Está condicionada a la búsqueda activa de empleo, a la adquisición de mejores niveles de formación que mejoren la empleabilidad, etc. Pero en esta “segunda fase” hay que ser muy vigilantes y estrictos en la condicionalidad para no crear bolsas de pobreza permanentemente subsidiadas por el resto de personas. Además, los gobiernos populistas tienden a utilizar prioritariamente este tipo de políticas para mantener la atención de los colectivos más desfavorecidos, enviando un interesado mensaje benefactor que puede resultar muy pernicioso.

En este tránsito, ya llegamos a la “fase tres”, que es en la que un Gobierno responsable tendría que instalarse y cuya prioridad no fuese que haya un colectivo de personas subsidiadas a costa del resto, sino la de ofrecer las oportunidades de crecimiento efectivas para que las personas puedan salir cuanto antes de esa situación. A la vez, eliminar las trabas fiscales y burocráticas que impidan a las personas crecer y dejar de ser dependientes. Lo expresa muy bien J.R. Rallo en sus análisis. El objetivo del gobierno no debería ser que la renta mínima vital la cobre al máximo número de personas posible, sino que la necesite el menor número de personas posible. Y su financiación, por supuesto, a costa de recorte de gastos y no de subir impuestos.

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