Existirán siempre, si no, sería una desgracia para la política”. Con esta frase, el ex ministro socialista Pedro Solbes se refirió a la polémica vuelta a la vida empresarial privada de los altos cargos del gobierno que, con sus decisiones, hubieran podido influir en el sector en el que se incorporan una vez que dejan la política. Su razonamiento, que comparto, se fundamenta en el absurdo que resultaría inhabilitar a cualquier ex político y a todo su entorno a desarrollar cualquier actividad profesional en el sector privado. Ello alejaría de la actividad política a personas cualificadas‚ las mejor preparadas, las más honestas, las que más vocación de servicio tengan, …
Vuelve ahora el asunto a ser de actualidad con la anunciada incorporación de Soraya Sáenz de Santamaría al prestigioso despacho jurídico Cuatrecasas. Dos cosas están claras. La primera es que después de dieciocho años al lado de Rajoy y a pesar del memorión que le facultó para aprobar las oposiciones a la abogacía del Estado, la ex vicepresidenta debe de haber olvidado hasta las ramas del derecho existen. Y segunda, muy ingenuos serán los que crean que Cuatrecasas esté fichando a una abogada de reconocido prestigio y no una jugosa agenda de contactos e influencias. Insisto, no reprocho este tipo de prácticas que tanto critican aquellos otros a los que por su manifiesta incompetencia jamás llamaría la empresa privada.
No las prohibamos; hacerlo, sería del todo inútil, ya que el tenga vetado el acceso a determinado sector, puede montar él mismo, o cualquier testaferro, una consultora pantalla para ejercer esa actividad de forma indirecta. Lo que sí deberíamos exigir es que los altos cargos, mientras estén en política, no puedan influir, de la manera en la que lo hacen, en repartir fuego amigo a través del BOE, interviniendo en el sector privado y en la libre competencia. Eliminemos de forma radical las competencias que puedan permitirles cobrar favores en diferido, esto es, cuando dejen el despacho oficial. Si les despojamos de los resortes que les permiten dar prebendas a terceros, nadie estará tentado o comprometido a devolvérselos cuando dejen el sillón. La propuesta de Podemos es, simplemente, grotesca, ya que pasa por engrosar las competencias de injerencia de los políticos confiando inocentemente en que no las utilizarán para favorecer a sus acólitos primero y a ellos mismos, después.
Otro cantar son las puertas giratorias para los jueces que cruzan el umbral hacia la política y regresan más tarde, de nuevo, a la judicatura. Ha sido generalizado con todos los gobiernos. En el actual tenemos el caso de Dolores Delgado, Grande Marlasca, Margarita Robles o Isabel Valdecabres, por poner cuatro ejemplos. Me pregunto con qué imparcialidad van a poder estas personas juzgar, multar o encarcelar a quienes, en el terreno político, fueron antes inclementes, inflexibles y, en ocasiones, feroces, opositores de bancada.
