Más vale tarde que nunca”, parece ser que sentenció hace más de veinte siglos el filósofo griego Diógenes cuando alguien pudo censurarle que, ya de anciano, quisiera instruirse en la técnica del solfeo. Podríamos también felicitarnos con un “nunca es tarde si la dicha es buena” al escuchar hace unas horas al presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, cuando sugerido "cambiar la norma" para abordar el movimiento de okupas.
Hasta ahora, y veremos hasta cuando, la travesía en defensa legítima de la propiedad privada ha estado marcada por una inacción política, trufada del “buenismo” que impregna ya todos los códigos de la política actual y que ha arrasado con uno de los pilares más sagrados de la estructura de derechos individuales en nuestro orden social.
Estimado presidente del TSXG, no habría mucho que legislar si fuéramos más contundentes para entender que el derecho de propiedad debe prevalecer siempre sobre cualquier otro derecho, en su más extenso término y no admitiéramos, bajo ningún concepto, la posesión tolerada, supeditada a la mal llamada “utilidad social”, aunque pretenda justificarse en la escasez de viviendas y equipamientos culturales de la ciudad. Gravar impositivamente los pisos vacíos tampoco es legítimo, por mucho que seduzca a ciertas bolsas de votantes contemplar cómo se sacude con saña a los ¡¿ricos?! que han decidido libremente dedicar sus ahorros a la adquisición de una vivienda, sin preguntarse por qué no quieren ponerla en alquiler y la mantienen desocupada.
Quizá sea una doble inseguridad jurídica. Por un lado, la que sufren los propietarios cuando inician un procedimiento penal por el delito de usurpación de bienes inmuebles, arduo, costoso y de incierto resultado. Y por otro, la que sufren aquellos que están dispuestos a poner en alquiler un inmueble exponiéndose al riesgo de impagos, destrozos u ocupaciones forzosas sin disponer de una alternativa rápida y eficaz que le permita restituir la posesión de su propiedad. Esta inseguridad se traduce en una menor oferta de alquileres y al consiguiente aumento de los precios de arrendamiento. O si no, ¿por qué alguien iba a renunciar a disfrutar de una sustancial renta a su inversión?
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para acabar con las ocupaciones ilegales de pisos y procurar el desalojo exprés de la ocupación por la fuerza de inmuebles ha sido rechazada por ERC, Podemos y PSOE.
