Para suavizar el fuerte clima de crítica territorial, el gobierno PSOE-PODEMOS anunció ya hace semanas que piensa habilitar un fondo de 16.000 millones dirigido a financiar los costes que las Comunidades Autónomas están asumiendo para "la reconstrucción tras el coronavirus".
Después de varios cambios de criterio para la distribución de esta cantidad no reembolsable, parece que la cosa queda en que 9.000 millones se destinarán a gastos sanitarios, 2.000 millones para un fondo de educación y 5.000 millones para compensar la pérdida de ingresos por la caída de la actividad económica. El Gobierno se muestra incapaz de concretar las partidas que finalmente corresponderán a cada territorio pero, cual chillido de los polluelos que en el nido reclaman hambrientos comida de sus padres, el Govern de Quim Torra, como no, ha pedido ya unos 4.000 millones de ese total, lo que equivale al 25%, con la advertencia de que no sea “condicional”. Es decir, que pueda tener la libertad de gastárselo en lo que le venga en gana. Tampoco Andalucía, las dos Castillas y Galicia se encuentran satisfechas y prevén que se verán perjudicadas por el reparto.A partir de septiembre, los centros de enseñanza empezarán a recibir los 2.000 millones destinados a su modernización y adaptación al nuevo periodo de nueva normalidad (cambios estructurales, nuevos canales de acceso a la enseñanza, …). La polémica ha surgido de nuevo cuando tanto el PSOE como PODEMOS pretenden dejar al margen de este reparto a la cuarta parte del alumnado español, es decir, a los colegios concertados, que tendrán que costearse la reestructuración con sus propios recursos. Las seis grandes asociaciones de centros concertados han manifestado que tal discriminación supone “una clara segregación impropia de democracias europeas que promueven la libertad de enseñanza y la financian sin complejos para favorecer una libertad de elección real".
No les falta razón. No se entiende que en un ámbito tan enorme importancia se plantee la exclusión de quienes han optado libremente por la educación en un centro concertado, salvo por el empeño que siempre ha mostrado PODEMOS en el desmantelamiento de la educación en este tipo de centros o, al menos, a reducirla al “situaciones en las que se puedan experimentar determinados elementos de innovación”, tal como Pablo Iglesias ha manifestado en numerosas ocasiones. Quienes no tienen ningún reparo en regar con cuantiosas subvenciones a corporaciones privadas bien conectadas con el poder político o administran sectariamente el dinero que considera “público”, obvian un principio fundamental. Parte de los 2.000 millones que se quieren privar ahora a la comunidad educativa concertada y a las familias que han optado por este modelo ha sido, en parte, previamente sustraído a estas familias y centros. Así que si alguien pretende obligarles ahora a que se costeen solas la reestructuración postCOVID, que no les hubieran obligado previamente a nutrir al aparato estatal con sus impuestos.
