En buena se metió Abanca, que pretende establecer elementos empresariales y profesionales en el Dépor, cuando es sabido que el sector funciona con unos parámetros más parecidos a los utilizados por Luca Brasi que cualquier otro. El Club intenta no bajar al pozo de segunda B con la pretensión de conseguir, vía judicial, la baja administrativa del Fuenlabrada. Y parece que toda la atención de la masa social se centra ahora en esta cuestión cuando lo relevante sería pensar en cómo un club como éste, con su presupuesto y apoyos, pudo hacer tal lamentable campaña deportiva por esos campos de Dios.
Es la estrategia que se conoce como la de la tinta de calamar. Echar tinta a diestro y siniestro como táctica para tratar de huir en retirada sin parecer derrotado. Lo mismo que estamos contemplando en la tristísima sucesión de hechos que han obligado al rey emérito a abandonar España. La cuestión ha trascendido a las principales portadas de los periódicos del país, muy por encima del desafío al que ha de enfrentarse España para superar las amenazantes noticias sobre los rebrotes pandémicos y la descomunal crisis social y económica que nos espera. Pero todo vale para esconder las delirantes políticas y decisiones del gobierno de coalición social-comunista. Los de Podemos, además, aprovechando para desempolvar el viejo debate república-monarquía, como estrategia para tapar sus miserias. Un buen chorro de tinta que les ha venido al pelo.
El debate en España sobre la monarquía en España, sobra. Es estéril porque, sencillamente, no toca. Que funcionen los tribunales y se persiga a los delincuentes y a los bribones, se encuentren en la institución que sea. Pero las instituciones no tienen la culpa de la calaña de quienes las ocupan. En debate, hoy por hoy, es otro; o son otros. Muchos, pero que muchos, son los temas sobre los que deberíamos ocuparnos antes de abrir el debate sobre la restauración de la república.
El día que llegue el momento, se podrán pone sobre la mesa los argumentos sobre una u otra institución, aunque ese tampoco sería el debate. No debería preocuparnos tanto la forma que tenga el poder sino el grado de limitación, coerción y peso con el que ese poder se ejerza sobre los ciudadanos. O bien, que las competencias que se atribuyan una u otra institución sean las mínimas posibles, y estén lo más fiscalizadas posible por las instituciones civiles, de manera que garanticen su utilidad y restrinjan al máximo sus posibles abusos.
Es la estrategia que se conoce como la de la tinta de calamar. Echar tinta a diestro y siniestro como táctica para tratar de huir en retirada sin parecer derrotado. Lo mismo que estamos contemplando en la tristísima sucesión de hechos que han obligado al rey emérito a abandonar España. La cuestión ha trascendido a las principales portadas de los periódicos del país, muy por encima del desafío al que ha de enfrentarse España para superar las amenazantes noticias sobre los rebrotes pandémicos y la descomunal crisis social y económica que nos espera. Pero todo vale para esconder las delirantes políticas y decisiones del gobierno de coalición social-comunista. Los de Podemos, además, aprovechando para desempolvar el viejo debate república-monarquía, como estrategia para tapar sus miserias. Un buen chorro de tinta que les ha venido al pelo.
El debate en España sobre la monarquía en España, sobra. Es estéril porque, sencillamente, no toca. Que funcionen los tribunales y se persiga a los delincuentes y a los bribones, se encuentren en la institución que sea. Pero las instituciones no tienen la culpa de la calaña de quienes las ocupan. En debate, hoy por hoy, es otro; o son otros. Muchos, pero que muchos, son los temas sobre los que deberíamos ocuparnos antes de abrir el debate sobre la restauración de la república.
El día que llegue el momento, se podrán pone sobre la mesa los argumentos sobre una u otra institución, aunque ese tampoco sería el debate. No debería preocuparnos tanto la forma que tenga el poder sino el grado de limitación, coerción y peso con el que ese poder se ejerza sobre los ciudadanos. O bien, que las competencias que se atribuyan una u otra institución sean las mínimas posibles, y estén lo más fiscalizadas posible por las instituciones civiles, de manera que garanticen su utilidad y restrinjan al máximo sus posibles abusos.
