La ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Relaciona la demanda con la oferta existente de un producto o servicio en función del precio que este tenga. De no existir ninguna variable condicionante, cuando la demanda de un bien se incremente, el precio tenderá a aumentar y habrá más agentes económicos dispuestos a “fabricar” u ofrecer ese tipo de producto en el mercado. Cuando esta oferta sea excesiva, los precios de los oferentes bajarán para tratar de vender ese exceso, todo ello hasta alcanzar el punto de equilibrio.
El mercado del alquiler funciona de una manera muy similar. Estemos en el caso de que en las grandes ciudades la demanda crece, mientras que la oferta no lo hace en la misma medida, circunstancia que provoca que los precios suban. Solamente hay dos maneras de corregir esto. O bien restringimos la demanda, evitando que la gente quiera ir a vivir a las grandes ciudades, o bien hacemos subir la oferta de pisos en alquiler, es decir, permitimos la construcción de pisos en nuestras ciudades, siendo esta última fórmula, sin duda, la más acertada.
Lo que está claro es que la intervención, la fijación de precios o la regulación de las condiciones que debieran ser pactadas libremente entre arrendador e inquilino, pervierte el funcionamiento de esta ley, ya que habrá un elemento ajeno que la distorsiona.
Las palabras con las que el ministro de Fomento ha presentado el Real Decreto que va a modificar el mercado de viviendas en alquiler: “El Gobierno quiere incrementar la oferta de vivienda en alquiler, ofrecer más seguridad al arrendatario y un alivio financiero a los hogares vulnerables”, ha puesto en pie de guerra al sector inmobiliario, cuya desprotección es manifiesta. Permanece de momento aparcada la propuesta apoyada por Podemos de controlar los precios de alquiler, quedando una puerta abierta a que esa medida llegue tarde o temprano, bien sea en este real decreto vía enmiendas, bien en la Ley de Vivienda que está preparando el Gobierno. Sería un disparate, ya que no sería otra cosa que limitar artificialmente la rentabilidad del alquiler, ante lo que los propietarios dejarán de alquilarlas para dirigir sus inversiones hacia otros sectores.
La modificación de las cláusulas contractuales es otro despropósito. Por mucha demanda que exista y oferta que la cubra a buen precio, si los propietarios se encuentran con la inseguridad de que a golpe de decreto cambien las reglas de juego o que no dispongan de mecanismos jurídicos rápidos y eficaces que les permitan restituir la posesión de sus propiedades ante impagos u ocupaciones forzosas, optarán por no alquilarlas o, en su caso, alquilarlas a precios desorbitados, tratando de cubrirse de tales eventualidades.
