Los hechos son los que se encargan de desmentir los juicios de valor realizados bien con apriorismos ideológicos. Todas las veces que se ha dicho que el Gobierno es un vendepatrias que está al servicio del independentismo, o que pretende un cambio de régimen, han quedado desmentidas en un solo día. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que sea este órgano el que decida sobre la situación penitenciaria de los condenados por el ‘procés’ independentista, que están al borde de disfrutar de un tercer grado encubierto por las decisiones de las autoridades penitenciarias catalanas. Quienes dan por hecho que la Fiscalía es el brazo ejecutor del Gobierno tendrán que reconocer ahora que es el Ejecutivo quien pone coto al intento de diluir el cumplimento de la sentencia. Y se puede decir más alto pero no más claro. El Gobierno ha levantado un cortafuegos sobre el Rey Felipe VI, frente a la actuación de su padre, que tendrá que aguantar su vela por sus actos, con defensa explícita de la Corona por parte del Gobierno.
