Opinión

¿PREVARICACIÓN O COÑA MARINERA?

Nuestro Código Penal tipifica un delito, propio de quienes trabajan para la Administración, ya sean autoridades o funcionarios, de frecuente aplicación teórica, pero de resultados prácticos más que discutibles: la prevaricación, un delito de desviación de poder, abuso de autoridad y corrupción moral.


Etimológicamente significa mas o menos algo así como andar torcido o no rectamente, pero en su sentido jurídico y punible, el artículo 404 del CP lo tipifica de la siguiente forma: 'A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.'


Como suele ocurrir con todos los artículos de nuestro cuerpo legislativo, a lo largo de los años han necesitado de interpretaciones que aclarasen los límites de la punibilidad y aplicación de cada artículo en concreto, algo a lo que contribuye preferentemente la jurisprudencia.


En este caso, la aplicación estricta del artículo requiere principalmente de cinco condicionantes: ser autoridad o funcionario, estar en ejercicio, llevar a cabo una resolución injusta, hacerlo a sabiendas y de forma arbitraria. De estos cinco condicionantes conviene aclarar que cuando se habla de 'resolución injusta' se refiere a resolución contra ley o contra derecho, ya que el término 'justa' es mas amplio e inconcreto, pero el aplicable es el de contra ley o contra derecho. También el término 'a sabiendas' debe asegurar que el implicado conoce que actúa contra ley, no simplemente que debiera saberlo, sino que lo hace perfectamente consciente de ello, con conciencia y voluntad que es lo que caracteriza el dolo en el delito y en cuanto a arbitraria requiere de una falta de justificación, ya que si la tuviera se convertiría en discrecional.


Pues bien, el personaje que en la ciudad de Vigo okupa la 'alcaldía', desde hace cinco años venía apropiándose indebidamente de la paternidad de la mayor parte de los actos públicos debidos al Concello, es decir, a todos los vigueses, que en definitiva somos los que con nuestros impuestos llevamos a cabo cualquier obra pública en la ciudad. Hasta entonces, la posibilidad de una actitud arbitraria del personaje en cuestión parecía legalmente dudosa o discutible, aunque éticamente dejaba muchísimo que desear. No obstante, hace unos meses el asunto puede haber cambiado radicalmente, ya que existe un acuerdo plenario (máximo órgano de decisión municipal) que prohíbe al alcalde el uso de 'alcaldía' como padre de criatura pública alguna en la ciudad.


Considerando que las resoluciones del Pleno tienen carácter de ley, que son tomadas en presencia del alcalde, que dictan claramente una prohibición, en este caso dirigida estrictamente a su persona, y que desde entonces el alcalde persevera en el incumplimiento sistemático de tal disposición, cabe preguntar a los juristas si se cumplen los requisitos que la ley exige para la prevaricación, o se trata de una mera arbitrariedad administrativa. Un alcalde es autoridad en ejercicio, y si actúa ordenando actuaciones contra ley, y además lo hace a sabiendas de su prohibición, sin haber justificado el motivo, y para mas abundamiento en su beneficio electoral, apropiándose de actuaciones que no le corresponden, ¿incurriría en una actitud de desviación de poder, abuso de autoridad, corrupción moral o simplemente estamos ante una coña marinera?.


Muchos vigueses tienen lo que se merecen, pero no todos, y estas cosas, por el bien de todos sería conveniente que se aclarasen.

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