Opinión

La ley del embudo

Que en España hemos hecho de la Justicia nuestra principal asignatura pendiente es, a estas alturas, incuestionable. Un Poder Judicial carente de la necesaria independencia del Ejecutivo, de quien depende su presupuesto y gran parte de sus nombramientos, anclado en unos medios materiales insuficientes y en una organización obsoleta, sometido a la interpretación de unas leyes emanadas de un Legislativo cambiante, las mas de las veces incoherente y dependiente de intereses políticos por encima de todo, con una preocupación garantista exagerada en aras de salvar lo políticamente correcto, con el resultado de sentencias demasiadas veces pintorescas y fuera de tiempo en su práctica totalidad de los casos, no nos puede llevar a olvidarnos de la esencia de la Justicia con mayúscula.

En un Estado democrático, la opinión de los ciudadanos, la sensación y el concepto de lo que estos tengan sobre lo que está bien y lo que está mal, es importante, y ello aunque el pueblo se equivoque, que lo hace con mucha mas frecuencia de lo que asumen los políticamente bien pensantes. Así las cosas, en el ciudadano hay un sentido mayoritario en cuanto a que un juez debe ser el primer cumplidor de la justicia, una persona ecuánime, neutral, que juzgue a unos con los mismos raseros que a otros, con independencia de sus ideas, querencias e inclinaciones. En este sentido, el ciudadano, aun comprendiendo que como persona un juez puede tener sus aficiones, ideologías y tendencias, no suele admitir que el apartarse de la teórica neutralidad sea de dominio publico, ya que con ello, no solo la justicia pierde prestigio, sino el propio juez su independencia y el buen criterio que ha de presidir su actuación, de ahí que el pase de un juez a la política, ni sea bien asumido, ni bien visto por cualquier ciudadano no fanatizado, e incluso genere cierta alarma social.

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón es quizá hoy en día el personaje mas controvertido de la cara visible de nuestra justicia. Un hombre al que se atribuyen éxitos incuestionable y sonados fracasos, al tiempo que se alaba su valentía y se censura su conocido partidismo, lo que sin duda ha contribuido a haberse convertido en el juzgador juzgado.

Lo que no debemos olvidar es que el juez Garzón (nº 2 del PSOE de Felipe González, en su momento) está siendo juzgado no por unas ideas, sino por posibles delitos, donde nuestro máximo órgano judicial ha visto indicios de criminalidad, como también que esos posibles delitos emanan todos ellos de una particular forma de actuar, mas propia de quien lo hace como justiciero que como juez, y siempre en la línea propia de los mas evidentes intereses de la izquierda nacional mas rebanchista.

De todas formas, lo que si resulta preocupante son ciertas reacciones. Que la conocida fundamentalista Pilar Bardem vea en esto una confabulación de ultraderechistas, de fascistas y de otros destinatarios de su proverbial revanchismo y de su odio visceral por la derecha, no llama demasiado la atención, como tampoco lo hace, aunque sea mas grave, que se encuentre en el mismo camino el comunista Gaspar Llamazares, ya que el comunismo nunca se caracterizó por respetar Estado de Derecho alguno, salvo por la aplicación de la ley del embudo, pero lo que si resulta mucho mas grave, es que quien actúe de tal forma, sea uno de los candidatos del PSOE a su liderazgo, una mujer que ha sido ministra de Zapatero, aunque ahora, desde la coherencia y la lealtad tan propia de su partido, se postule para salvar al país con formulas opuestas a las que defendía, hace dos telediarios, desde el Consejo de Ministros.

Al igual que uno no puede bajarse los pantalones y apretarse el cinturón al mismo tiempo, o soplar y sorber, resulta canallesco el haber jurado el defender el Estado de Derecho y luego ponerlo en entredicho porque se procese a un amiguito, sobre el que, al parecer de nuestro mas alto Tribunal, pesan indicios suficientes de delito para ello, claro que también esta “miembra”, ex ministra de la guerra del gobierno de España, había apoyado explícitamente al autor del calificativo de “puta España”, bien jaleado entonces por los progres miembros y “miembras” de la sucursal de su partido, en la tierra a la que emigraron sus padres desde la muy española Andalucía, y luego tuviera que pasarse el día entre militares y gritando ¡Viva España!.

Puede que la Justicia en España sea un cachondeo, pero si nuestros políticos (que dicen representarnos) no creen en ella y menos quienes pudieron arreglarla y no lo hicieron, ¿qué nos queda?.

Te puede interesar