Opinión

¿Independencia del Poder Judicial?

La base de cualquier democracia constitucional al uso, a parte de la soberanía popular, la constituye la independencia de los llamados tres poderes del Estado: el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo.

En España, una partitocracia oligárquica, los tres poderes se confunden en un único poder, el ejecutivo, que controla férreamente a los otros dos. Una situación de pre democracia que ya dura décadas en nuestro país y que parece ni siquiera querer acercarse a la consecución del concepto de democracia real que la ciudadanía requiere y otros países de nuestro entorno disfrutan.

Carlos Dívar es el presidente del Consejo General del Poder Judicial y a la vez del Tribunal Supremo, designado por el PP como miembro del Consejo, es un conservador de comunión diaria, quien atribuyó su salvación en un atentado de ETA a la intervención de la Virgen de Fátima.

José Manuel Gómez Benítez, es un catedrático de Derecho Penal, designado por el PSOE como miembro del Consejo, amigo íntimo de Baltasar Garzón y al parecer designado en su día para las negociaciones secretas del gobierno Zapatero con ETA.

Gómez acusa a Dívar de malversación de fondos al haber consumido mas de 13.000 euros del Consejo en una veintena de viajes de fines de semana a Marbella, sin actividad oficial, con alojamientos en hotel de Puerto Banús, cenas, viaje en barco a Ceuta, etc. todo ello con sus correspondientes escoltas, y ello en base a que, como miembro del Consejo, tiene acceso a la información necesaria para ello.

Ante tamaño escándalo, la Fiscalía, en una actuación de celeridad inaudita, exonera a Dívar de toda responsabilidad penal al entender, no que no existen los hechos, que sería lo esperado, sino que “no existe ánimo de lucro” y que se trata de “indemnizaciones por razones de servicio”, algo que el mismo Consejo, por su cuenta, había tomado la decisión de que no era preciso justificar ante nadie, llegando incluso a asegurar el Ministro de Justicia, que la decisión de la Fiscalía, con el archivo de la causa, suponía un fortalecimiento de la figura de Carlos Dívar.

Se trate o no de la lucha de dos políticos togados, o dos jurídicos tocados, que de hecho, consienten que el poder Judicial sea en España, en perjuicio de los ciudadanos y del sistema, un esbirro de otros poderes, y utilicen sus cargos para la lucha de los partidos que los sostienen, o de sus ambiciones o querencias privadas aireando sus vergüenzas, estos personajes, algo al parecer olvidado por casi todos, están al servicio de un pueblo que tiene todo el derecho del mundo a pedir explicaciones de todo tipo, a que la imagen de quien ostenta el poder Judicial sea impoluta, y a que todo lo que se refiere a lo que se gasta con sus impuestos sea no solo público, sino aireado con luz y taquígrafos, constituya o no delito.

¿Cómo coño nos van a tomar seriamente en Europa si tras este vergonzoso episodio, incluso nos permitimos asegurar que ello fortalece la imagen de tal excelsa autoridad?. ¿Por qué siempre, y ya por norma general, los políticos, sean del signo que sean, nos toman por imbéciles?

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