Vecina huelga

Nuestros vecinos de la banda oeste se enfrentan a una situación difícil. Aprovechando que ésta es la temporada turística alta y se juega en estos meses de estío los presupuestos del año con aquello que constituye una de las fuentes más importantes de ingresos porque estamos ante uno de los países más justamente turísticos de la tierra, los transportistas de Portugal se han puesto en huelga. No hay nada mejor que una huelga general de transportes para paralizar por completo un país y sumirlo en el caos. Se acaba el abastecimiento y, por tanto, se tambalea no solo el consumo –las gasolineras están ya desabastecidas y los usuarios que pueden, cruzan la frontera para cargar en España huyendo de lo que muchos de ellos han calificado como la antesala del fin del mundo- sino aspectos cruciales de la vida cotidiana, desde la asistencia sanitaria hasta el tráfico aéreo. Los sindicatos saben atizar donde duele, y si bien en su papel cotidiano apenas tiene ya influencia en el comportamiento social, cuando tocan a rebato lo hacen con todas las de la ley y sabiendo a la perfección el daño que hacen. 
En este caso, el gobierno ha respondido sin contemplaciones y sospecho yo que ese es el camino correcto. Un gobierno socialista como es el de Antonio Costa no ha tenido sonrojo alguno en aplicar medidas extremas ante situaciones extremas. Ha sacado a la policía, ha puesto a conducir al ejército y ha comunicado a los dirigentes sindicales que aquel que no cumpla los servicios mínimos lo mete en la cárcel y se queda tan fresco. El ministro socialista José Blanco respondió del mismo modo ante la huelga de los controladores. Las centrales lo pusieron a parir pero los controladores hubieron de enfrentarse a la acción de los tribunales y se convencieron de que con las cosas de comer no se juega.
Sospecho que se hace necesaria la promulgación de una más ajustada y serena ley de huelga que no contente solo a los huelguistas sino que equilibre la balanza y proteja al resto. Hay un ineludible e imprescindible derecho a la huelga y hay también un derecho insustituible a no secundarla. Y hay un bien general que es más importante que los apetitos individuales o de determinados colectivos. Por eso, legislar al respecto se advierte necesario y urgente. Ya no es tiempo de eufemismos tan sospechosos como lo de “piquetes informativos”, sino tiempo de responsabilidad, y que cada cual asuma el alcance de sus hechos.