Ha sido el Supremo, coincidiendo con el dictamen de la Fiscalía, quien ha rechazado la petición cursada por Oriol Junqueras de salir de prisión para adquirir la condición de eurodiputado. Junqueras aspiraba a adquirir esta condición que le permitiera obtener la inmunidad parlamentaria y, por tanto, la anulación del proceso judicial en el que está incurso. Se trataba de una estrategia muy hábilmente establecida y muy bien calculada que habría dejado prácticamente en libertad al diputado secesionista justamente en el momento en que la vista del proceso ha concluido y el tribunal tiene sobre la mesa todo el material almacenado a lo largo de meses para emitir su sentencia. Los siete magistrados han resuelto impedir su salida de la cárcel y su desplazamiento a Bruselas por considerar que una situación como la planteada pondría en evidente peligro la correcta conclusión del proceso. Paradójicamente, la abogacía del Estado emitió un informe defendiendo la posición contraria. Los servicios jurídicos del Estado no se oponían a que Junquera pudiera tomar posesión de su cargo y consideraban esta situación ajustada a derecho. La sospecha de un arreglo bajo cuerda arbitrado por el Gobierno valiéndose de este departamento aleteó sin parar durante estas últimas jornadas.
Es la primera vez que el tribunal se pronuncia sobre el contenido político de las acciones que afectan a los reos y sus acciones. No lo habían hecho hasta la fecha y los magistrados procuraron expresarse prudentemente sobre estos argumentos para no otorgar pie a las defensas de los acusados con el que basar todo su discurso en estas teorías que, sin embargo, los letrados que asisten a los independentistas han utilizado cada día y cada hora tratando de proyectar a la opinión pública –especialmente la internacional- el concepto de presos políticos para sus defendidos. La decisión del Supremo no solo confirma la idoneidad de la prisión preventiva sino que fija posiciones respecto a su futura sentencia. Tras ella, si yo fuera Junquera, me pondría a meditar seriamente porque la verdad es que no pinta nada bien. A Junquera, como a todos los demás, no se les juzga por ser nacionalistas sino por vulnerar la ley. Y tras esta decisión, el concepto está todavía más claro.
