Con cesiones constantes a los independentismos y nacionalismos catalán y vasco, el Estado pierde aceleradamente sus competencias en esos territorios, alejándolos de lo que sería una comunidad de ciudadanos españoles con iguales derechos y deberes.
Cierto que al crearse en 1978 una Constitución, y con objeto de integrar a los nacionalismos, se le concedieron a esas Comunidades y a la gallega algunas competencias “históricas”.
Pero poco a poco han ido aumentándose en Cataluña y País Vasco, de mayoría parlamentaria nacionalista, lo que ha ido reduciendo el peso del Estado en sus territorios.
Cataluña, regida por independentistas, antes autonomistas, controla ahora elementos esenciales para la unidad nacional: una sanidad que trata de ser ajena a la del resto de España, la educación y, dos de los poderes más integradores, la policía y las prisiones.
Los presos golpistas son tratados en Cataluña como autoridades en ejercicio y Pedro Sánchez acaba de autorizársele a los jefes anticonstitucionalistas de los Mossos d’Esquadra a obtener munición de guerra.
Aprobada antes esa compra, Mariano Rajoy la suspendió antes de entregarla por la conducta antidemocrática de la Generalidad.
Sánchez cede, lo que anuncia la próxima compra de unas armas que, dado el talante de los responsables de los Mossos, podrían usarse para cualquier “putch”.
Paralelamente, incrementa las cesiones económicas a la Generalidad hasta el 60 por ciento, restándole inversiones a regiones más necesitadas, y recorta casi un tercio la presencia en esa región de los ministerios y órganos dependientes del Estado, alejándola más del Estado.
Ahora también este gobierno provisional –Sánchez ganó la moción de censura para convocar elecciones- le transfiere al gobierno vasco la competencia de prisiones, lo que convertirá previsiblemente a los asesinos etarras en presos de lujo, y en héroes libres poco después.
