Opinión

Narcojusticia

Felipe González acaba de lanzarle una bomba social y jurídica a la conciencia ciudadana al revelar un caso en el que sólo uno de los cinco miembros de una sala del Tribunal Supremo quedó incontaminado por la presión ideológica, o de otra índole, del narcotráfico.

Ocurrió en 1986, tras la detención en España de los capos y asesinos Gilberto Rodríguez Orejuela (El Ajedrecista), y Jorge Luis Ochoa, reclamados por narcotráfico en EE.UU., y también por Colombia, aunque por un delito menor, contrabando de ganado.

Se entabló una lucha entre la izquierda supuestamente antimperialista, que exigía que no se les entregara a la justicia estadounidense, y el gobierno de González, más realista, que deseaba mantener buenas relaciones con el entonces presidente, Ronald Reagan.

Comenzó a correr el dinero, reconoce Fernando Rodríguez en un su libro autobiográfico “El hijo del Ajedrecista”. Afirma que para conseguir la extradición a Colombia su padre hizo repartir en España, también entre jueces, treinta millones de dólares.

Dinero que llegó también a periodistas y periódicos. Durante cuatro meses cruciales para el proceso apareció un diario antimperialista, “La Tarde de Madrid”, dedicado a defender la opción colombiana y a atacar “la de Reagan”.

Los abogados de los narcos, principalmente Enrique Gimbernat, Joaquín Ruiz-Giménez Aguilar, Juan Garcés, Miguel Bajo y Carlos Cuenca, escribían artículos o eran los entrevistados estrella.

Finalmente, sólo Gregorio Peces Barba, padre, votó en su sala del Supremo el envío a EE.UU. Algunos jueces que habían prometido hacer igual se retractaron a última hora.

Felipe González recuerda que le dijo irritado a Antonio Hernández Gil, presidente del Supremo, “Acabáis de poner en libertad a unos hijos de perra, asesinos, criminales”.

La revelación aparece en el libro “¿Aún podemos entendernos?” (Planeta), escrito en colaboración con Miquel Roca y Lluís Bassets.

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