Alguien que la lea esta crónica quizás esté sufriendo la larga agonía de algún familiar querido al que le espera una muerte inevitable entre las brumas de los cuidados paliativos, o que si intuye su final podría estar angustiado sin que ese tratamiento lo tranquilice.
En esa situación casi todo el mundo se pregunta si es pertinente o no acelerar una buena muerte con la eutanasia activa, aunque tras una reflexión personal se descarte por amoral e ilegal.
También hay quienes quieren un final rápido pensando en que los dos de aspectos más atractivos de la eutanasia activa podrían relacionarse con el dinero.
Como el estado del paciente es irreversible, los más interesados en una ley que facilite esa forma de morir son los gobiernos y las familias que hayan superado trabas morales o religiosas.
Así, el Estado economiza unos enormes gastos sanitarios y la pensión, y los familiares, además de ahorrarse las atenciones agotadoras al enfermo terminal, pueden repartirse ya la herencia.
Una ley que permita la eutanasia, si la persona no ha hecho un testamento vital con especificaciones sobre esta medida, plantea un problema moral, tanto para los anestesistas como para los familiares: decidir cuándo vamos a ayudar a morir, es decir, cuando acabamos con muestro allegado.
Ejemplo: en España mueren actualmente alrededor de 18.000 personas con Alzheimer y demencia senil, males que provocan grandes gastos y necesidades de atención.
Se detectan cuando empieza la degradación mental, pero no se sabe cuándo acaban, muchas veces con el corazón funcionando bien hasta el final.
¿Los matamos al principio, a mitad del proceso o porque ya no son útiles como esos ciudadanos mayores de 45 años a los que alguien de Podemos proponía quitarles el voto porque siempre sería reaccionario?
