Audasa se ha llevado un revolcón en los tribunales y van dos en apenas una semana: primero, con la obligación de pagar una tasa a la Autoridad Portuaria por el uso de la lámina de agua sobre el puente de Rande; y ahora mucho más relevante por práctica abusiva. Lo más importante no es tanto lo que tendrá que devolver -que el juez ha acotado y mucho a 81 casos y no a la totalidad de usuarios durante los trabajos- como el precedente creado: en adelante, la concesionaria se tendrá que cuidar mucho de volver a cobrar el peaje cuando esté realizando una obra que afecta a la circulación, es decir, de forma decisiva al contrato con los usuarios. El juez ha sido claro: se ha producido un abuso sancionable, que así lo califica en primer lugar en su sentencia. La Abogacía del Estado y su defensa a fuego de las tesis de Audasa también ha quedado retratada.
Es posible que en Audasa respiren al haberse reducido la devolución a los 81 casos señalados: los usuarios tendrán que demostrar que fueron perjudicados y para fortuna de la concesionaria no serán tantos como para afectar a sus cuentas. Así que lo que realmente importa es lo que va a pasar a partir de ahora, siendo un hecho de relevancia histórica la condena a la compañía. Que ha quedado advertida de que dicha actuación es ilícita y que por tanto no puede repetirla. Además, se abre la posibilidad de nuevas reclamaciones, como ya adelantó la asociación de transportistas, que estaba a la espera. También En-Colectivo mantiene otra acción ante la Comisión Europea por las prórrogas concedidas por sucesivos gobiernos. La fiesta continúa.
Lo que no va a cambiar es la fecha del final del pago en ventanilla para miles de gallegos: hasta 2048, dentro de 28 años. Mucho tiempo.
