Las prestaciones públicas constituyen el entramado básico del llamado Estado del bienestar, modelo que poco a poco va camino de su desaparición salvo que nos convenzamos de que no es posible mantenerlo en el dique del pensamiento cerrado y estático y lo llevemos a las aguas claras del pensamiento abierto y dinámico. ¿Cómo es posible seguir defendiendo la subvención como fin, cuándo es uno de los mayores atentados al progreso social cuándo se maneja desde la perspectiva clientelar?
En efecto, cuándo el Estado de bienestar se toma como un fin en sí mismo, los Poderes públicos se reducen al papel de suministradores de servicios, con lo que el ámbito público se convierte en una rémora del desarrollo social, político, económico y cultural, en lugar de su catalizador o impulsor. En este ambiente se dificulta el necesario equilibrio para la creación de una atmósfera adecuada para el libre y solidario desarrollo de las personas y de las asociaciones, levantándose una estructura estática y cerrada que priva al cuerpo social del dinamismo necesario para propiciar la libertad y la participación de la gente.
Las prestaciones, los derechos, tienen un carácter dinámico que no puede quedar a merced de mayorías clientelares, anquilosadas, sin proyecto vital más allá de la reivindicación del derecho adquirido o de la conservación de la posición. Cuándo ello acontece, se olvida que las prestaciones sociales se justifican en la medida que se incardinan en el bienestar general e integral de la gente, o, si se quiere, en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
La sensibilidad social, la actitud solidaria, deriva del principio de la centralidad de la persona en la política. Perspectiva que permite conducir la proa de la nave política a la búsqueda las soluciones reales a las cuestiones colectivas y a orientar las decisiones en los ámbitos de la cooperación, de la convivencia, de la integración y de la confluencia de intereses. En este contexto, la persona y su dignidad son la clave y la guía que conduce a la gran tarea de democratizar la democracia, algo necesario y urgente en este momento entre nosotros.
La sensibilidad social implica colocar con todas sus consecuencias a las personas en el centro del orden social, político y económico. Cuando ello así acontece, la acción política se dirige de manera comprometida a prestar servicios reales al pueblo, a atender los intereses generales reales, a escuchar de verdad a la ciudadanía. Ello implica necesariamente el entendimiento con los diferentes interlocutores para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Ahora bien, esas prestaciones, esos servicios no son un fin sino un medio para alcanzar mayores cotas de bienestar general e integral para el pueblo. Son un medio para la mejora de las condiciones de ejercicio de la libertad solidaria de las personas, no un sistema de captación de voluntades.
