La corrupción, según el G-20, consume nada menos que el 5% del PIB mundial. Es decir, es la tercera “industria” más lucrativa de todas cuantas existen en este mundo. Es una lacra que se ceba con las economías desarrolladas y con las subdesarrolladas. En España, de acuerdo con estudios recientes, la corrupción resta cada año el 0.5 % del PIB. La corrupción y el deterioro institucional son los dos principales problemas de España pues si suben los impuestos pero los ciudadanos no perciben que el Estado gasta mejor su dinero es complicado que la recaudación tributaria cumpla los objetivos establecidos.
En estos momentos, la corrupción es el enemigo número 1 del comercio exterior. Por sorprendente que parezca, el G-20 alerta acerca del número de normas que regulan los mercados. Tal profusión de normas en buena medida constituye el caldo de cultivo en el que nace y se desarrolla esta terrible enfermedad que aqueja a todas las economías del mundo sin excepción. La sobrerregulación o la re-regulación son, efecto, aliadas de la corrupción, como lo es el excesivo número de normas diseñadas para establecer el régimen del comercio interior y exterior. Se trata, pues, de elaborar las normas que sean necesarias, ni más ni menos, normas claras, previsibles y ciertas. No regulaciones confusas, continuas y que tantas veces atentan contra la misma seguridad jurídica al variar unilateralmente las reglas en función del capricho de quien gobierne en cada momento.
El informe del G-20 advierte, por otra parte, sobre la necesidad de que las empresas se preocupen efectivamente del entrenamiento ético de sus empleados. Es decir, deben poner en marcha planes y programas exigentes de ética que vayan más allá de un simple barniz o de un uso políticamente correcto de la responsabilidad social corporativa. En efecto, no pocas veces, la RSC no es más que una forma de edulcorar la conciencia de ciertos dirigentes que pretenden, con algunas donaciones a determinadas ONGs, lavar algunas prácticas contrarias a los más elementales postulados de la ética y la moral. Del dogma del máximo beneficio en el más breve plazo de tiempo posible, hay que pasar a la idea de beneficios razonables en contextos de humanización creciente de la empresa y de las condiciones de trabajo de los empleados.
La lucha contra la corrupción no es sólo cuestión de elaborar y aprobar normas y más normas. En muchas ocasiones incluso la proliferación de leyes y reglamentos lo que hace es facilitar la corrupción. La clave está en disponer de las normas que sean necesarias, claras y concretas y, sobre todo, de un compromiso ético real, constante y creciente. Casi nada.
