Opinión

Zapatero y sus tratos con ETA

El artículo 576 del Código penal dice literalmente "Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista." ¿Y qué se considera colaboración? "Cualquier otra forma equivalente de cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas organizaciones o grupos terroristas".
En la medida que se conocen las actas de las negociones que José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo con ETA se hace más necesaria que nunca una declaración del Gobierno actual y, sobre todo, del propio ex presidente del Gobierno. Resulta un tanto impúdico, al conocerse el desarrollo del proceso negociador y las cesiones que ofrecía Zapatero, que en su haber se siga anotando que acabó con ETA. Aunque resulte increíble las cesiones que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a la banda, tiene toda lógica dentro de los objetivos de la organización terrorista ETA: Anexionar Navarra al País Vasco, legalizar Batasuna, no detener etarras, liberar a Iñaki de Juana Chaos, uno de los más contumaces asesinos, y derogar la Doctrina Parot. Y por si todo esto fuera poco, hasta “solucionar su financiación a través de una organización internacional para que dejaran de enviar cartas de extorsión”.
 La primera de las actas lleva fecha del 16 de mayo de 2005, y se prorrogan hasta mediados de diciembre de 2006. La juez antiterrorista francesa Laurent Levert remitió estas actas cuando fueron reclamadas por el caso Faisán y permanecieron secretas oficialmente incluso después de que el Tribunal Supremo dictara sentencia. Los documentos detallan desde la primera reunión mantenido por Josu Ternera y el socialista Jesús Eguiguren en junio de 2005 en Ginebra hasta las negociaciones políticas y técnicas que llevaron a cabo el Gobierno y la banda, el PSE y Batasuna tras el atentado de la Terminal 4 de Barajas. 
Se puede argüir que, dentro del objetivo de que ETA cesara su actividad criminal, un Gobierno tiene capacidad de realizar determinadas cesiones dentro de una negociación secreta; pero Zapatero fue más allá y en ese punto aparece nítidamente su presunta colaboración con banda armada. Y ese hecho se produce cuando Zapatero informa al mediador de que Francia preparaba un importante golpe contra la banda, entrometiéndose en la propia política antiterrorista de una nación soberana que, por otro lado, mantenía una leal línea de colaboración con España.
Las actas de ETA revelan que Zapatero les dio el soplo tras la detención de Ramón Sagarzazu a finales de mayo de 2005. Este mediador, según la documentación incautada en Francia, se citaba con el entonces jefe de Gobierno “quien además le pidió que la relación entre la organización y él solo se produjera por esa vía y con total discreción".
Llegados a un acuerdo, las actas muestran que, una vez ETA leyese su propio comunicado, el Gobierno debía comprometerse en tres puntos entre los que estaban la "disminución palpable de la presencia policial" o "aceptar de facto que Batasuna y otras organizaciones" puedan desarrollar una "vida política". 
Si examinamos las exigencias de ETA y la situación actual de la banda, bien se puede concluir que obtuvieron gran parte de sus pretensiones, especialmente la anulación de la Doctrina Parot. En este sentido, cabe recordar que uno de los magistrados que votó a favor de anular dicha doctrina en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue un juez español, amigo de Zapatero y especialmente enemigo de dicha doctrina, Luis López Guerra.
La Doctrina Parot fue establecida por el Tribunal Supremo en 2006 y refrendada luego por el Tribunal Constitucional. Consistía en la aplicación de los beneficios penitenciarios sobre cada una de las condenas impuestas (y no sobre una sola de 30 años, ahora elevada a 40 años como pena máxima) empezando por la más grave, y así sucesivamente. De este modo, los etarras, violadores y otros delincuentes por hechos graves estarían más tiempo en prisión.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo tumbó por el recurso presentado por la etarra Inés del Río (Autora de 24 asesinados, condenada a más de 3.000 años de cárcel) y dejó en la calle a más de sesenta terroristas y delincuentes sexuales. Sin esa sentencia, Pedro Luis Gallego, conocido como ·El violador del ascensor”, liberado en 2013, tras 22 años de prisión no hubiera vuelto a delinquir, como ocurrió en otros casos, especialmente graves.

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