Por encima de las propias ideologías, que en una democracia expresan un programa de Gobierno para aplicar sus contenidos, y forma parte de la normalidad de la vida pública, en estos momentos los españoles nos dividimos esencialmente en dos: los que queremos que España sea un Estado unido, fuerte, donde todos los ciudadanos seamos iguales y tengan el mismo estatuto jurídico, con independencia de su vecindad civil, del lugar donde residan, por encima de eso que llaman “hechos diferenciales”. Reconocibles y a valorar y proteger, como realidades culturales. Y los que no; es decir, los que quieren balcanizar España, convertirla en una nueva Yugoslavia o algo peor. Un socialista no puede postular o defender lo contrario como hacen Sánchez y sus parroquianos que tienen le desvergüenza de llamarse socialistas con total desparpajo.
A los que queremos esa España fuerte y unidas nos motejan, desde la misma ignorancia, y según el caso “Jacobinos” o de cosas peores. En algo tienen razón: sentimos admiración y envidia por estados como el francés, que hasta tiene un monumento a la nación. Porque, dentro de sus diversidades culturales, no hay más que una y no cabe otra cosa. Pero es que tampoco los estados federales son federaciones de naciones, sino de cantones, länder o denominados “estados” si con determinadas competencias, pero bajo una única soberanía, la de la nación toda.
Pero es que, ya actualmente tenemos un Estado disparatado. La participación de las comunidades autónomas en la ejecución del gasto público no ha cesado de aumentar en línea con el desarrollo del modelo autonómico. Las regiones son responsables del 34% del gasto público total, mientras que la Administración central solo es responsable del 22%, un porcentaje que se eleva al 53% si se suma la Seguridad Social.
Tal es la sorpresa que produce en el mundo nuestro Estado de las Autonomías que hasta el prestigioso The New York Times se ha referido a este asunto en numerosos análisis sobre España. Y en este sentido critica lo que califica como el imprudente gasto sin control desarrollado por las 17 comunidades autónomas, como una explicable fórmula de destruir la viabilidad de un país en plena crisis.
Este diario estadounidense apunta que la presión de la Unión Europea, ante la todavía no remontada situación de España, debería provocar que "algunas de las regiones autónomas españolas pudieran serlo menos en el futuro". Y añade que, "en los últimos años, las regiones y los municipios han acumulado deudas invirtiendo en una amplia gama de proyectos algunos de los cuales rozan el ridículo". Pero no había dinero para pagarlos. Y como era de esperar, no faltaron ejemplos que citar, como el aeropuerto de Ciudad Real, sin vuelos; o el centro cultural de Alcorcón, que costó 115 millones de euros y que incluye un circo permanente con fiestas de cumpleaños gratuitas para los niños, entre otros. Se ve que no conocen la Ciudad de la Cultura de Santiago.
En Estados Unidos, que un ejemplo de estado federal, donde el concepto de nación está nítidamente por encima de cualquier otro, no se entiende que un país al que se considera una de los de más peso histórico, como es España, se autodestruya, empezando por el hecho de que en el guirigay autonómico no se estudie en todas las escuelas la misma historia o la misma geografía como conocimiento básico de la cultura común y elemental de sus ciudadanos.
Una de las evidencias más contundentes de hasta dónde hemos llegado en el dislate lo constituye la partición irracional de competencias y desarrollos normativos. Hay competencias y gastos triplicados.
A los que queremos esa España fuerte y unidas nos motejan, desde la misma ignorancia, y según el caso “Jacobinos” o de cosas peores. En algo tienen razón: sentimos admiración y envidia por estados como el francés, que hasta tiene un monumento a la nación. Porque, dentro de sus diversidades culturales, no hay más que una y no cabe otra cosa. Pero es que tampoco los estados federales son federaciones de naciones, sino de cantones, länder o denominados “estados” si con determinadas competencias, pero bajo una única soberanía, la de la nación toda.
Pero es que, ya actualmente tenemos un Estado disparatado. La participación de las comunidades autónomas en la ejecución del gasto público no ha cesado de aumentar en línea con el desarrollo del modelo autonómico. Las regiones son responsables del 34% del gasto público total, mientras que la Administración central solo es responsable del 22%, un porcentaje que se eleva al 53% si se suma la Seguridad Social.
Tal es la sorpresa que produce en el mundo nuestro Estado de las Autonomías que hasta el prestigioso The New York Times se ha referido a este asunto en numerosos análisis sobre España. Y en este sentido critica lo que califica como el imprudente gasto sin control desarrollado por las 17 comunidades autónomas, como una explicable fórmula de destruir la viabilidad de un país en plena crisis.
Este diario estadounidense apunta que la presión de la Unión Europea, ante la todavía no remontada situación de España, debería provocar que "algunas de las regiones autónomas españolas pudieran serlo menos en el futuro". Y añade que, "en los últimos años, las regiones y los municipios han acumulado deudas invirtiendo en una amplia gama de proyectos algunos de los cuales rozan el ridículo". Pero no había dinero para pagarlos. Y como era de esperar, no faltaron ejemplos que citar, como el aeropuerto de Ciudad Real, sin vuelos; o el centro cultural de Alcorcón, que costó 115 millones de euros y que incluye un circo permanente con fiestas de cumpleaños gratuitas para los niños, entre otros. Se ve que no conocen la Ciudad de la Cultura de Santiago.
En Estados Unidos, que un ejemplo de estado federal, donde el concepto de nación está nítidamente por encima de cualquier otro, no se entiende que un país al que se considera una de los de más peso histórico, como es España, se autodestruya, empezando por el hecho de que en el guirigay autonómico no se estudie en todas las escuelas la misma historia o la misma geografía como conocimiento básico de la cultura común y elemental de sus ciudadanos.
Una de las evidencias más contundentes de hasta dónde hemos llegado en el dislate lo constituye la partición irracional de competencias y desarrollos normativos. Hay competencias y gastos triplicados.
