Es inevitable reconocer, y máxime tras el equívoco comunicado de la Casa del Rey sobre las actividades de Juan Carlos I y sus consecuencias, que se ha abierto la espita a un debate nacional pendiente desde el inicio de la transición. Y el mensaje de Felipe VI a los españoles no ha ayudado precisamente, por omisión, que no por acción, a confirmar que ese proceso antes o después será inevitable.
Hemos visto a un rey abatido, sin pulso, sin convicción en su mensaje, consciente de que la institución que representa ha perdido gran parte de su credibilidad, no ya por culpa propia, sino por las trapacerías de su padre.
Resurge un debate nacional que estaba pendiente desde que en la transición Suárez --como luego reveló-- se negó a reconocerlo, porque sabía que el resultado podría serle adverso. El rey Felipe VI reunió este miércoles 14.613.000 espectadores con su discurso sobre el coronavirus. Pero las redes sociales reflejan que la mayoría de los españoles esperaban que tuviera al valor de decir algo al respecto, de afrontar el Estado por el que pasa la propia institución que encarna.
Pero hay dos preguntas que se hace la gente: la primera, si según el propio comunicado de su casa, el Rey supo hace un año de las andanzas de su padre, ¿por qué no se tomaron medidas entonces como las que ahora se anuncian? ¿Y por qué no se le retiró la soldada cuando el rey honorífico dejó de prestar funciones institucionales, aunque fueran delegadas? Y sobre este asunto, sobrevuela que las comisiones y andanzas financieras de Juan Carlos I eran cosa vieja y conocida. Y sobre todo, sus generosos regalos a sus amigas.
Es cosa vieja que Juan Carlos obtenía desde antiguo una comisión derivada del suministro de petróleo a España (de 1 a 2 dólares por barril) y lo confirmaría en 2014 con pruebas indiscutibles, el catedrático de Economía Roberto Centeno, al tiempo que se refería al papel en este asunto de Corinna y su testaferro, Manuel Prado y Colón de Carvajal. Éste, ya fallido, trató de distanciarse de este asunto y destaca “otros servicios” al Estado, en su libro de memorias titulado “Una lealtad real” (Alfaguara, 2018).
Sobre estos antecedentes no de extrañar la práctica de Juan Carlos en negocios internaciones, fundaciones y paraísos fiscales. La Casa del Rey ha hecho un flaco favor a la monarquía, cuando se confirma que esperó un año para admitir que había recibido información vinculada a la Fundación Lucum el 5 de marzo de 2019, a través de una misiva del despacho de abogados Kobre&Kim (Reino Unido). La entidad, creada en Panamá, se encuentra bajo sospecha del fiscal del cantón de Ginebra Yves Bertossa por haber recibido un supuesto "regalo" de 100 millones de euros del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Los datos recibidos llevaron al rey de España a anunciar públicamente su intención de renunciar a la herencia de su padre (sin efecto alguno) y al resto de las renuncias y retirada de la soldada a su padre.
En medio de esta historia, las evidencias y las denuncias se entrecruzan. Corinna declara haber sido amenazada por Juan Carlos y presionada por el CNI (con cuyo jefe entonces, Félix Roldán se entrevistó). El bufete de abogados contratado por Corinna zu Sayn-Wittgenstein intercambió varias cartas con la Casa del Rey y avisó de que Juan Carlos I había acudido a Londres, con cobertura del CNI para reunirse con la empresaria alemana días después de que Felipe VI tuviera conocimiento de su designación como beneficiario de una fundación investigada en Suiza.
Los datos del enredo son suficientemente graves como para que la tardía, y en su caso nula renuncia a la herencia, haya dejado a la institución seriamente tocada. Conviene recordar que el PSOE y los demás partidos de la Derecha y el centro se han negado a abrir una investigación en el Congreso, pero una parte de la opinión pública, en las redes se está manifestando en contra de la Monarquía o exigen al menos una explicación más convincente, cuando no directamente un referéndum sobre monarquía o república.
Es oportuno recordar ahora el modo contundente en que en la transición se pusieron los medios jurídicos para impedir que se llevara a cabo la propia pretensión de las fuerzas democráticas y de millones de ciudadanos: un referéndum decisivo que se planteara la opción República o Monarquía o que ni tan siquiera ese debate se realizara en los propios medios de comunicación. Pero ese debate ha resurgido. Y el propio rey honorífico lo ha provocado.
