Entre las cesiones a que se ha sometido Pedro Sánchez para que ERC le permita seguir en la Moncloa, hay una especialmente sorprende, relevante y de efectos impredecibles, pese a que en sí mismo sea una habilidosa treta para alcanzar el mismo objetivo, burlando la Constitución. Luego de que el candidato Sánchez aceptara rebajar la condición del Gobierno de la nación o elevar el de la Generalitat para “tratar entre iguales” el futuro de Cataluña, y por ende del conjunto del Estado.
Los acuerdos a que llega esa mesa de Gobiernos (ya nos dirán si con “relator” incluido), serán sometidos a la validación de los electores de Cataluña a través de una “consulta popular”, que no es jurídicamente un referéndum, pero que sí lo es en sus efectos. Torra va poner sobre la mesa –lo mismo que a esos efectos pone ERC- despejar el camino hacia la independencia y la amnistía para los condenados por el alzamiento contra la Constitución, o sea, los sedicentes.
Sánchez entrega un arma poderosa a los independentistas. Al margen de lo que se acuerde, y se puede acordar de todo, si lo refrendan como es de esperar, será la voz del pueblo de Cataluña la que respalde y clame que se ejecuten lo que se pacte. Y ahí cabe de todo. No cabe, según la Constitución, un referéndum vinculante, en el que en todo caso tendríamos que votar todos los españoles; pero si cabe, por ejemplo, la amnistía como anhelo de los catalanes. Y si hubiera amnistía, no sólo saldrían a la calle los políticos presos, sino que, al borrarse por completo el delito, afectaría a todas actuaciones judiciales celebradas o pendientes relacionadas con el “Procés”, incluido el mayor Trapero.
Hay que analizar el alcance de las palabras. En su trato con la derecha católica vascongada, el PNV, Pedro Sánchez se ha comprometido a no aplicar el Código Penal en el caso de que las controversias con los nacionalistas se extremaran, como ocurrió en Cataluña. Esos malabarismos del lenguaje, como si aplicar la Ley a quien la infrinja fuera cosa mala y el aparato judicial una estancia peligrosa, y conducen a una cesión peligrosa, y confiar sólo en la política como única ratio; es decir, que se declara previamente impune toda conducta que, por cierto, no se permite a ningún ciudadano, que simplemente debe cumplir la ley.
Sancionada por el sanedrín del ERC el apoyo a Sánchez, tras que éste haya satisfecho con holgura las obligaciones que le fueron impuestas, adormecida o silenciada toda crítica dentro del partido que fuera el PSOE, se anuncia ya la siguiente secuencia de esta trágica opereta: Dos semanas después de que Sánchez se haya aposesionado de la Moncloa, de nuevo, se formará la mesa de diálogo inter pares, o sea, entre iguales, que van a resolver el futuro de una parte de España, sin contar con el resto.
Y atentos, porque no habrá temas vetados de antemano. O sea, que se tratará de la independencia y de la amnistía. Y si los independentistas volvieran a las andadas, pueden tener la seguridad de que el Gobierno no actuará contra ellos. En ese juego de manejo hipócrita del lenguaje, lo que en ese foro se acuerde “será sometido a una validación democrática a través de una consulta a la ciudadanía catalana de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político". O sea, cualquier cosa.
En cuanto al marco constitucional que antes se invocaba, ni se cita. En cuanto al mecanismo para esa consulta popular convendría saber quién la va a organizar, quién la va a pagar, cómo será su mecánica y con qué garantías. Y sobre todo, ¿cuál es la medida para determinar la voluntad del pueblo catalán, teniendo en cuenta que cuando fue sometido a votación el Estatut de 2006. Bendecido por Zapatero, más de la mitad de los electores catalanes se quedaron en casa.
Y, por cierto, en la famosa “Declaración de Granada”, de 2013, sobre su propuesta para el Estado de las Autonomías, el PSOE incluye un punto asombroso, que ahora cabe recordar, que el Tribunal Constitucional no pueda pronunciarse, llegado el caso, sobre la licitud de un Estatuto, cuando ha sido refrendado por los electores. En dicho documento, que contiene las propuestas para el nuevo marco territorial del Estado, leemos: “Necesitamos modificar el control constitucional de las reformas de los Estatutos de Autonomía para que no se repita el hecho de que el Tribunal Constitucional anule parcialmente un Estatuto que ya ha sido votado por los ciudadanos”. ¿Y si pese a todo, no cumple la Constitución? ¿Cómo un partido que se dice constitucional propone quitar el ejercicio de sus competencias a un órgano esencial del Estado de Derecho?
