Cuentan los biógrafos de Juan March que éste solía decir: “¿La Ley? Si hubiera cumplido la Ley nunca habría llegado a millonario”. Este sujeto, cuyo nombre adornó el de un banco y una fundación fue calificado por Cambó como “El último pirata del Mediterráneo”. Se hizo rico gracias al contrabando, desafiando a un débil estado, y su capacidad de corromper era tal que hasta se fugó de la prisión con el director del centro donde estaba recluido. Al escuchar al presidente del Gobierno, doctor Pedro Sánchez, que la “Ley no es suficiente” y culpar al propio Estado de contribuir al conflicto, por aplicarla del conflicto de Cataluña, como si el mismo no se debiera a quienes se alzaron contra la Constitución e incurrieron en supuestos tipificados en el Código Penal, me acordaba de aquella cita. El mismo personaje que nos da el mensaje de que la Ley se aplique o no según dependa acaba de prometer cumplir y hacer cumplir la Constitución; ergo, la Ley.
Según nuestro nuevo sistema de valores, la Ley es una herramienta de carácter aleatorio, no imperativa, de suerte que se aplicará a o no según el caso y la conveniencia de la política. Es natural que el presidente del Gobierno diga lo que dice. En realidad, el doctor Sánchez ha formulado una nueva “teoría del Estado” y corrige a Kelsen, a Platón y Aristóteles. El primero nos enseñó que la Ley es el fundamento del Estado, como parecía lógico; los segundos defendieron “el gobierno de las leyes frente al gobierno de los hombres”. Cierto que las leyes se pueden cambiar, pero deben cumplirse; es decir, que el Estado no puede depender en cada caso del voluntarismo del que quiera respetar la ley o no. Y ¿qué es el Estado? La respuesta de Kelsen es notable: “el Estado es una ficción; no existe; lo que existe es el Derecho”. Dicho de otro modo, Kelsen llega a la conclusión de que el Estado y el Derecho son totalmente iguales, ya que el Estado sin el Derecho no podría ser estado viceversa, se dice que son completamente iguales ya que se habla de un ordenamiento de los poderes que legislan un territorio que son inapelables y que se aplican tajantemente según la voluntad del legislador que actúa en nombre de la sociedad. Pero el doctor Sánchez entiende que la Ley, el Derecho no es la substancia sobre la que descansa el Estado, sino que la Ley o el Derecho, deben ceder ante la conveniencia de cada momento, según él la interpreta.
En todos los documentos que el Gobierno ha evacuado sobre sus acuerdos primero con ERC y ahora con Torra, no se cita para nada, como antes se hacía, a la Constitución. Eso sí, se alude a no sé qué “garantías jurídicas” abstractas y desconocidas que no sabemos lo que son por boca de Sánchez, pero sí de Rufián. Aparte de que no cabe garantía jurídica alguna que no se acomode a la Constitución, ya sabemos que se refiere, según Rufián, al margo internacional de las Naciones Unidas en cuanto a garantes del derecho a la autodeterminación, aunque no sea aplicable a Cataluña, según la Constitución.
La ley no es suficiente, claro está. De momento sabemos que Sánchez no ha puesto límites al contenido de la reunión bilateral (es decir, entre iguales), entre el Gobierno del Reino de España y el de la Comunidad Autónoma de Cataluña que no pone otra cosa delante de Sánchez que tres cosas: Referéndum de autodeterminación, ergo, independencia; amnistía y “fin de la represión”, o sea que no se aplique la Ley en aquel territorio a quienes la vulneren. Y Sánchez los complace, primero porque el conflicto ya no es de convivencia, sino político, y porque hay que corregir la “judicialización”, o sea, la aplicación de la Ley a quienes la vulneren. Es decir, plena impunidad.
Lo que ha quedado claro, y la evidencia es que no se cita para nada ni en el pacto con ERC ni en las 44 medidas ofrecidas a Torra, es que no se sitúa la solución del conflicto dentro del marco de la Constitución, insisto. Y, por lo tanto, el propio Sánchez, con su habitual lenguaje equívoco viene a reconocer que lo de la autodeterminación –que no ha descartado—es un asunto que va para largo. Pero mientras, Junqueras y Torra le dicen de eso nada: sigue siendo el objetivo principal urgente e irrenunciable.
Sánchez ha despreciado y olvida que siguen siendo más los catalanes que, deseando seguir siendo unos españoles más, tienen miedo a manifestarse como tales ante la marea de nacionalismo desatada, en todo caso, por una minoría, por mucho que sean. Aparte de las evidencias surrealistas de nuestros días, en que aparezcan andaluces o hijos de andaluces, adecuadamente jaleados por TV3 manifestando no ya rechazo, sino odio a España y a lo español. Es la vieja cantinela de los conversos de todos los tiempos. Ortega centraba el problema catalán justamente en el deber del Estado de proteger a los catalanes que querían seguir siendo españoles, como los demás. Sánchez los acaba de ignorar, ya que, por lo visto, no existen otros que los que quieren salirse y destruir el Estado que gracias, curiosamente a los mismos a quienes se somete, lo han hecho presidente.
La crónica diaria de esta rendición del Estado ante los separatistas se enriquece cada día. Torra insiste en que en la reunión bilateral Gobierno-Generalitat haya un mediador que tutele el compromiso que asuma el Estado. ¿Con qué instrumentos para imponerlo? Y no olvidemos que esos acuerdos se someterán a referendo de los electores de Cataluña; es decir de los españoles con vecindad civil en aquella comunidad. ¿Y con qué efectos jurídicos? Ya los decidirán en su momento.
