Una de las más peliagudas cuestiones a las que se va a enfrentar el Estado español, una vez que se constituya el nuevo Gobierno, será –como se anuncia- retomar el diálogo con el independentismo catalán que Torra ha dejado claro, debe volver al punto donde se detuvo en la etapa anterior; es decir: 21 medidas de su lista, relator y referéndum para la independencia. Y mientras el Gobierno ahora en funciones ha dejado claro que no va a aplicar de nuevo el 155, Torra sigue abriendo embajadas, como la de Estados Unidos, y se reclama otros cuantos miles de millones de euros al Estado, como si tal cosa.
Conviene tener presente el panorama: Sánchez quiere colocar al frente del Senado, como cuarta autoridad del Estado, al secretario general del PSC, Miguel Iceta, alertado y tempranero partidario de indultar a los sublevados contra la Constitución que son juzgados en el Tribunal Supremo, al tiempo que ya ha dicho que hay que irse haciendo a la idea de permitir el referéndum que quieren los independentistas, si estos suman un porcentaje que él mismo ha fijado de modo aleatorio.
Pero mientras, la postura oficial del PSOE es insistir en que no habrá referéndum ni independencia, al tiempo que se ofrece “más autogobierno” para Cataluña. Hay que preguntarse si más autogobierno quiere decir menos Estado, o sea, borrar todavía más la presencia de éste en aquella comunidad, y, sobre todo, más dinero. Ya se ha sugerido que entre los ámbitos donde el Estado puede ceder sea en el de la Administración de Justicia, reconociendo a aquella región un poder judicial propio, con lo que eso significa. Es decir, trocear o ceder una de las tres patas, de los tres poderes, sobre los que descansa el Estado mismo. Por ahí se empieza.
A propósito de esta cuestión, en octubre de 2017, en la inauguración de las XXVII Jornadas Nacionales de magistrados y jueces decanos de España, celebradas en Bilbao, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, denunció que "la actuación sostenidamente inconstitucional" de la Generalitat incluye como objetivo el desplazamiento del vigente Poder Judicial y su sustitución por un poder judicial territorial muy alejado del canon de independencia judicial".
Y en ese sentido comparó la presión que sufren sus compañeros que ejercen en Cataluña con la "ofensiva unilateral de cuño soberanista, igualmente promovida desde las instituciones de autogobierno" que padecieron jueces y magistrados vascos, que además arriesgaban su vida en ese ejercicio. Ibarra sostiene que “la administración de Justicia debe trabajar con el objetivo de hacer desistir a las fuerzas políticas e institucionales del intento de extrañar a la organización territorial judicial del sistema institucional autonómico del que forma parte y debe además avanzar en la legitimación democrática de los jueces”.
Y en ese sentido, el vocal del Consejo General del Poder judicial, Rafael Mozo, dijo que la solución a los problemas en Cataluña llegará si los jueces en esa Comunidad Autónoma "siguen cumpliendo con todas las funciones jurisdiccionales en la defensa de los Derechos Fundamentales". La expresión de la zozobra en que viven los jueces que ejercen en Cataluña fue expuesta nítidamente por la decana de Barcelona, Mercé Caso, subrayando que ella y sus colegas "viven con intranquilidad por no saber el futuro que nos depara, pero también desde la serenidad de saber que, desde la aplicación de la Ley, saldremos adelante".
Conviene recordar que precisamente, el socialista Enrique Múgica, defensor del pueblo en aquel momento, recurrió ante el Tribunal Constitucional aquellos aspectos del Estatut de 2006 que en la práctica otorgaba a Cataluña un poder judicial propio, tal y como era interpretado por la Generalitat, pese a algunas coincidencias en ese sentido con otros estatutos no recurridos. Cabe recordar que no era constitucional la función atribuida al Síndic de Greuges con la capacidad de supervisar con carácter exclusivo la actividad de la Administración de la Generalitat, impidiendo la actuación del Defensor del Pueblo respecto a la Administración catalana. Y por último se impedía la actuación del Consejo General del Poder Judicial, que tiene la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial y que es exclusivo del Estado, creando su propio Consejo de Justicia de Cataluña.
Se ofreció en su día reponer mediante leyes orgánicas o las vías posibles los recortes que el Tribunal Constitucional realizó sobre el Estatut de 2006. ¿Todo esto también?
