Sin que Torra haya condenado la violencia en Cataluña, animada y respaldada por el propio president, Pedro Sánchez ha hablado con él y acordado que se reunirán, una vez que tome posesión el nuevo Gobierno, para tratar —como imponen los indepentistas—del “conflicto político”. Y al mismo tiempo que la portavoz de ERC, Marta Vilalta, reiteraba que su partido no ha buscado garantizar la gobernabilidad de España al abstenerse en la investidura y que su objetivo es activar una vía política que permita una solución democrática al conflicto catalán, lo que pasa por un referéndum, el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, advertía que Pedro Sánchez debe proceder a que el Estado se retire de todas las causas judiciales relacionadas procés. “Creo que esto es algo que tenemos que discutir en la mesa de negociación”, ha dicho. Y, en consecuencia, la amnistía a los condenados por sedición. Aragonés espera contar con Podemos como “aliado”.
¿De qué pueden tratar ahora, dentro de la Constitución, Torra y Sánchez? El primero ha dejado claro que su objetivo irrenunciable en la independencia de Cataluña y su transformación en una república, obviamente con la amnistía que deje sin efecto las consecuencias judiciales del “Procés”. Sánchez puede ofrecer reducir la presencia del Estado todavía más en aquella comunidad, más dinero, nuevas competencias, y reponer las no constitucionales del Estatut de 2006, como ya lo hizo en su momento, según reveló el juez Vidal, autor de la Constitución Catalana.
Cabe recodar ahora el “Pacto de Estado” que Torra propuso a Sánchez, y que se ocultó en el comunicado final tras la reunión entre el Gobierno de Estado y el de la Generalitat, en Pedralbes y que suponía nada menos que España, como país soberano, renunciara a ejercer sus competencias como tal y pusiera en manos de un mediador internacional un problema absolutamente interno.
Torra exigía entonces “una respuesta democrática para Cataluña”, o sea, allanar el camino para su independencia; pero ya de paso, tuvo la osadía de proponer “que se regenere el sistema político de España, que deben entender contaminado; y por fin, revisar lo que llaman el régimen del 78”, es decir, la vigencia del marco constitucional, si bien tienen la ocurrencia de proponerlo como la “desfranquización de España”; es decir considerar que el Estado debe ser desmontado porque su unidad, pese al Estado de las Autonomías, es una consecuencia del franquismo, lo mismo que su sistema judicial.
Pero lo realmente creativo fue pedir el Gobierno admitiera una mediación internacional para resolver la demanda de independencia de Cataluña. Resulta no sólo sorprendente, sino sospechoso, que el Gobierno haya ocultara primero, y restado importancia, después, al documento de 21 medidas que Torra entregó a Sánchez, y que de la que sólo trascendió un equívoco comunicado, donde aparte de afirmar que reconocer obviedades, no se citaba a la Constitución, como marco obligado de toda referencia a negociación entre posible entre una comunidad autónoma y el gobierno de la nación para revisar competencias o cambios en las mismas.
Y en primer plano, los apoyos que llevaron a Sánchez a la Moncloa le reclaman la amnistía o, incluso, la desaparición del delito de sedición del Código por el que fueron condenados los camaradas de Rufián y los otros independentistas. que tendría el mismo efecto. De momento van logrando lo pretendido: sientan a Sánchez en la mesa con Torra “para hablar de todo, sin exclusiones”, y lo que se pueda acordar se someterá a consulta popular de los electores de Cataluña, ¿con qué efecto?
Las amnistías cancelan todo lo sucedido y no dejan rastro punitivo alguno, ni penas privativas de libertad ni rastros de antecedentes penales. Es decir, es como si los hechos cometidos no hubieran ocurrido y por lo tanto, sus consecuencias jurídicas. Nos guste o no, reclamar o proponer la amnistía no es ilegítimo; pero desde el punto moral debería estar presidido por el firme propósito de que el amnistiado no volver incurrir en el delito que provocó su condena. Este requisito no se da en el caso de Cataluña, los sediciosos, el presidente Torra y la mayoría independentista en el Parlament han dejado claro que sus objetivos siguen siendo los mismos y que no renuncian a ninguna de las acciones pasadas y penadas que están dispuestos a repetir. Pero hay un dato de enorme relevancia en este caso: Una amnistía como la que se pretende afectaría no sólo a los 12 políticos condenados por sedición, sino a todos los implicados en el proceso de independencia incursos en procedimientos judiciales por su causa, incluido el ex jefe de los mossos, Trapero. Pero es que tiene otras consecuencias, si no hubo delito, ¿era lícito el ejercicio del derecho de autodeterminación y proclamar la república catalana?
Para conceder la amnistía, el Congreso tendría que aprobar una Ley específica para el caso, y como es una ley orgánica exigiría mayoría cualificada, cosa que no parece hoy por hoy posible. Incluso, algunos penalistas apuntan que por rozas determinados aspectos de la Constitución hasta sería preciso modificarla.
