Aunque su hijo, primer reconocimiento de sus culpas, le haya retirado el sueldo mensual, ¿puede el rey honorífico, que no emérito, seguir viviendo en la Zarzuela y tener un despacho en el Palacio Real a costa del erario público, dada su conducta personal, públicamente reconocida? Ello nos lleva a otro asunto, la necesidad de un “Estatuto de la Familia Real”, que el PSOE, en tiempos de Zapatero, consideró que no era un asunto de urgencia, pese a que, desde diversas posiciones, prestigiosos especialistas en Derecho Constitucional, y no precisamente republicanos, habían sugerido todos estos años la conveniencia de redactar dicho Estatuto, de modo que se hubieran delimitado en debida forma el marco legal dentro del cual los miembros de dicha familia pueden desenvolverse y que tantos problemas habría evitado a ellos mismos, a la institución y al país.
Conviene tener presente que una de las consecuencias de la serie de avatares que vive la familia de Felipe VI y el conjunto de la institución monárquica, a medio plazo, es que, cuando las circunstancias lo permitieran, (antes de la sorpresiva abdicación) –es decir, cuando el “caso Urdangarín” se hubiera substanciado- estaba previsto el desarrollo del llamado “Estatuto de la Familia Real”. Este asunto, por la postura del PP parecía algo distinto de la posible “Ley de la Corona”; es decir, que podrían ser una sola o dos piezas separadas. Pero lo importante serán las consecuencias, ya fuera un Estatuto o una Ley de la Corona, en el futuro, ya de estar ahora vigentes, lo que algunos querrían establecer, hubieran podido influir en el tratamiento procesal de la Infanta Cristina o, al menos, otorgarle determinados privilegios procesales, como el declarar escrito o incluso o hacerlo. El PSOE parecía estar de acuerdo, e incluso que, en este asunto, rebasaba en entusiasmo a la derecha.
La irregular conducta de Juan Carlos I, estos días aireada, plantea una cuestión de mayor alcance, desde hace tiempo pendiente, que es delimitar la cobertura de la irresponsabilidad del jefe del Estado en cuanto a sus actos institucionales (que avala la firma de un ministro como regla general) de aquellos otros de carácter personal y privado. Pero eso es la cuadratura del círculo: ¿Podría ser el Rey condenado por sus actos privados al pago de una sanción económica o ir a la cárcel por un delito fiscal siendo Rey? ¿Cómo encajamos eso? Sin duda va a ser un substancioso debate.
Resulta curiosa la evolución de la postura del PSOE, luego de que Pedro Sánchez se haya mostrado preocupado por la sucesión de noticias sobre las andanzas de Juan Carlos I, al tiempo que alaba a su hijo, el Rey, por haber lo que se supone que debe hacer. No puede extrañar la postura del PSOE, partido resueltamente dinástico, que ya en la reforma del Código Penal de 1995 reforzó la protección penal del Rey y su familia, incluyendo entre los sujetos de protección especial a sus antepasados o sucesores (sin decir hasta dónde), lo que a juicio de los historiadores es “puro dadaísmo”, como ya se ha indicado.
Pero es evidente que la abdicación de Juan Carlos I, su aforamiento precipitado, con el de las reinas saliente y entrante, precipitaron los acontecimientos.
Abiertamente partidario de proteger a la Casa Real, el PSOE fue siempre más claro que la derecha. “Sólo hace falta elegir el momento apropiado” —dijo Elena Valenciano, como portavoz del PSOE en su momento, quien bautizó la reforma como “Estatuto de la Casa del Rey””. Lo más increíble es la explicación: “Se hará cuando sea posible para modernizar la monarquía”. Parece claro que, en la Zarzuela, con la colaboración de los partidos dinásticos, no quieren que los actuales acontecimientos vuelvan a ser posibles. Y no porque los miembros de la familia real vayan a ser ejemplares, sino que sean como sean y hagan lo que hagan, sea imposible o complicado aplicarles la ley común.
