De cuantas cosas se han dicho y se están diciendo tras el regreso triunfal de Clara Ponsetí destacan dos: las propia de que, en pleno proceso de negociación del Gobierno de Pedro Sánchez con el de la Generalitat, “no viene a pactar, sino a enfrentarse al Estado” y las de Oriol Junqueras que afirmó que este retorno fue posible porque los suyos impusieron a Sánchez la reforma del Código Penal, o sea, la desaparición del delito de sedición y la rebaja del de malversación. Lo cual nos lleva a la paradoja de que ese mismo Estado está ahora desarmado para hacer frente a la conducta que condujo a la Ponsatí a darse a la fuga, pero que viene dispuesta a combatirlo. Y no menos importantes han sido las reacciones y comunicados del otro gran fugado, el Puigdemont, del president Aragonès y otros miembros de su Gobierno. El abogado de Puigdemont ha dicho que espera que su representado regrese a España del mismo modo, antes de fin de año.
Pedro Sánchez, con su habitual cinismo, no deja de repetir que el procès está abortado, y que las relaciones del Estado con Cataluña se hallan en la senda de la normalidad ordinaria y sobre todo de que ahora “en toda España se cumple la Constitución”. ¿Ah, si? Un dato: Según un estudio de la entidad constitucionalista “Impulso Ciudadano”, del total de 947 localidades de Cataluña, solo en 169 ayuntamientos ondea la bandera de España y en 778 no lo hace, incumpliendo así con la normativa de los símbolos constitucionales y estatutarios. Y sólo el 14 por ciento no exhiben o banderas con mensaje nacionalista. El artículo 9 de la Ley 39/1981, que regula el uso de la bandera de España, dispone que “as autoridades corregirán en el acto las infracciones de esta ley, restableciendo la legalidad que haya sido conculcada”. En paralelo, el Estatuto de Cataluña declara que corresponde a la Generalitat el control de la adecuación al ordenamiento jurídico de los actos y acuerdos adoptados por los municipios en el ámbito de sus competencias. Desde que Sánchez encabeza el Gobierno la Delegación del mismo en Cataluña no ha dirigido ningún requerimiento ni interpuesto ningún recurso solicitando a los ayuntamientos que cumplan la normativa vigente sobre los símbolos oficiales. En la etapa de Rajoy, las subdelegaciones del Gobierno en Cataluña presentaron requerimientos a 158 municipios, pero cuando ha habido sentencias judiciales, nadie reclama su cumplimiento.
Y frente a la euforia de las declaraciones del mundo independentista, el PSG ha dicho que “nadie está por encima de la ley en un Estado de Derecho. La justicia es igual para todo el mundo y se ha actuado de la misma manera que se haría con cualquier ciudadano que no comparece ante un juez”, sin ir más allá, obviamente. En cambio, la alegría del mundo independentista por esta simbólica y evidente sobre el Estado estalla por doquier. En tanto la exconsellera de Educació y eurodiputada, Clara Ponsatí, regresaba a Bruselas tras comparecer ante un juez por la causa del 1-O, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tenía previsto iniciar juicio contra su ex compañera del Govern la actual consellera de Acció Exterior y Unió Europea y exconsellera de Agricultura, Meritxell Serret, en relación con los mismos hechos.
Y por si alguien tiene dudas ha repetido que el Estado debe dar un paso más para que Catalunya pueda decidir su futuro y reconozca el derecho a decidir su futuro de los ciudadandos catalanes. Y como dice el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, "Pedimos que el conjunto del independentismo se ponga a luchar por el referéndum". La estrategia seguida con Sánchez ha dado resultado, dice Junqueras, por lo que deben seguir adelante. Y del resultado de este caso podemos deducir lo bien librada que va a salir la Ponsati. En el caso Serret, que también huyo inicialmente a Bélgica, la Fiscalía pide un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por desobediencia grave por, entre otros actos, haber aprobado el presupuesto en marzo del 2017 que preveía partidas por el referéndum y también haber firmado el decreto de convocatoria del referéndum pese a recibir las advertencias del Tribunal Constitucional. En el caso de la Ponsatí, dado que ahora sólo puede ser acusada de desobediencia, la pena posible sería de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por entre seis meses a dos años.
El abogado de los fugados Gonzalo Boye está completamente convencido de que Carles Puigdemont regresará antes de que acabe el año a Cataluña y que no tiene miedo a ser detenido. Y tiene razón: ¿Qué le va a pasar?
Pedro Sánchez, con su habitual cinismo, no deja de repetir que el procès está abortado, y que las relaciones del Estado con Cataluña se hallan en la senda de la normalidad ordinaria y sobre todo de que ahora “en toda España se cumple la Constitución”. ¿Ah, si? Un dato: Según un estudio de la entidad constitucionalista “Impulso Ciudadano”, del total de 947 localidades de Cataluña, solo en 169 ayuntamientos ondea la bandera de España y en 778 no lo hace, incumpliendo así con la normativa de los símbolos constitucionales y estatutarios. Y sólo el 14 por ciento no exhiben o banderas con mensaje nacionalista. El artículo 9 de la Ley 39/1981, que regula el uso de la bandera de España, dispone que “as autoridades corregirán en el acto las infracciones de esta ley, restableciendo la legalidad que haya sido conculcada”. En paralelo, el Estatuto de Cataluña declara que corresponde a la Generalitat el control de la adecuación al ordenamiento jurídico de los actos y acuerdos adoptados por los municipios en el ámbito de sus competencias. Desde que Sánchez encabeza el Gobierno la Delegación del mismo en Cataluña no ha dirigido ningún requerimiento ni interpuesto ningún recurso solicitando a los ayuntamientos que cumplan la normativa vigente sobre los símbolos oficiales. En la etapa de Rajoy, las subdelegaciones del Gobierno en Cataluña presentaron requerimientos a 158 municipios, pero cuando ha habido sentencias judiciales, nadie reclama su cumplimiento.
Y frente a la euforia de las declaraciones del mundo independentista, el PSG ha dicho que “nadie está por encima de la ley en un Estado de Derecho. La justicia es igual para todo el mundo y se ha actuado de la misma manera que se haría con cualquier ciudadano que no comparece ante un juez”, sin ir más allá, obviamente. En cambio, la alegría del mundo independentista por esta simbólica y evidente sobre el Estado estalla por doquier. En tanto la exconsellera de Educació y eurodiputada, Clara Ponsatí, regresaba a Bruselas tras comparecer ante un juez por la causa del 1-O, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tenía previsto iniciar juicio contra su ex compañera del Govern la actual consellera de Acció Exterior y Unió Europea y exconsellera de Agricultura, Meritxell Serret, en relación con los mismos hechos.
Y por si alguien tiene dudas ha repetido que el Estado debe dar un paso más para que Catalunya pueda decidir su futuro y reconozca el derecho a decidir su futuro de los ciudadandos catalanes. Y como dice el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, "Pedimos que el conjunto del independentismo se ponga a luchar por el referéndum". La estrategia seguida con Sánchez ha dado resultado, dice Junqueras, por lo que deben seguir adelante. Y del resultado de este caso podemos deducir lo bien librada que va a salir la Ponsati. En el caso Serret, que también huyo inicialmente a Bélgica, la Fiscalía pide un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por desobediencia grave por, entre otros actos, haber aprobado el presupuesto en marzo del 2017 que preveía partidas por el referéndum y también haber firmado el decreto de convocatoria del referéndum pese a recibir las advertencias del Tribunal Constitucional. En el caso de la Ponsatí, dado que ahora sólo puede ser acusada de desobediencia, la pena posible sería de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por entre seis meses a dos años.
El abogado de los fugados Gonzalo Boye está completamente convencido de que Carles Puigdemont regresará antes de que acabe el año a Cataluña y que no tiene miedo a ser detenido. Y tiene razón: ¿Qué le va a pasar?
