¿Qué papel reserva Sánchez a Batet en sus planes para Cataluña?

¿Qué papel reserva Sánchez a Batet en sus planes para Cataluña?

Parece nítidamente claro el papel que Meritxell Batet viene a representar dentro de la estrategia de Pedro Sánchez hacia Cataluña que, como sea adelantó en su día, incluía la restitución a la Generalitat las competencias apeadas por el Tribunal Constitucional del Estatut de 2006, mediante leyes orgánicas específicas y avanzar hacia el reconocimiento efectivo de Cataluña como nación a la par, dentro de un estado confederal asimétrico que en su día planteó Maragall a Zapatero.
Hace apenas un mes, cuando todavía era ministra para Política Territorial y Función Pública, en una densa entrevista hacía dos afirmaciones contradictorias: Por un lado, que “si hay más de dos millones de personas en Cataluña que no reconocen como suyo el marco constitucional, pretender imponerlo no nos va conducir a ninguna solución”. Lo cual es ahora especialmente chocante, por cuanto es la presidenta del Congreso quien viene a decir que una parte del territorio nacional puede quedar exento de que se aplique allí la propia Constitución porque un sector de la población lo rechaza.
Pero al mismo tiempo decía que “los independentistas saben que no va a haber un referéndum de autodeterminación”. Afirmación curiosa, ahora matizada para hacer olvidar que en 2013 ella y todos menos una de los diputados del PSC en el Congreso votaron a favor de esa opción. Sorprendentemente, la señora Batet afirmaba: “Yo siempre he estado en contra del derecho a la autodeterminación. En esos años se planteó la posibilidad de facilitar una votación desde el punto de vista democrático porque los independentistas lo plantearon precisamente como un mandato democrático. Pero nos engañaron a todos claramente, porque lo que realmente quieren es la independencia”.
Sobre estos antecedentes, no puede dejar de causar asombro cómo ha empezado la Batet su mandato como presidenta del Congreso. Primero, que al margen del añadido “por imperativo legal”, admitido constitucionalmente como fórmula de matiz personal, pero que no descalifica el compromiso con cumplir la Constitución, hubiera permitido las diversas variedades empleadas por los independentistas, con referencia a “presos políticos”, “la república” y otras variaciones que, especialmente en este caso, trasladaban el foco desde el simple acatamiento de la Constitución a superarla o ignorarla. Sin olvidarnos de las sorprendentes fotos de los cordiales saludos y conversaciones de algunos de los políticos sometidos a proceso por rebelión que se hicieron con miembros del gobierno, empezando por su presidente.
Pero mientras estaba viva esta polémica y se esperaba que el proceso ordinario de la Cámara procediera a suspender, como es preceptivo reglamentariamente, a los diputados y senador procesados y en presidio por rebeldes, la señora Batet redondea la faena y nos da una nueva sorpresa, quizá menos de lo que pueda parecer, porque el asunto no puede haber sido improvisado, sino que tenía que estar previsto.
Apenas asumido el cargo, Batet anunció que su primera decisión, luego de la Constitución del Congreso, fue enviar un escrito al Tribunal Supremo reclamándole que "informara a la Cámara de las consecuencias de la aplicación de la ley procesal" sobre los cuatro diputados que se encuentran en prisión preventiva por un presunto delito de rebelión: Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, de Junts per Catalunya.  O sea, que la Cámara que elabora las leyes no tiene claro, pese a sus letrados, cómo aplicar sus propios reglamentos y tiene que evacuar consulta a un órgano jurisdiccional, y ya pare redondear la cuestión y consumar la perplejidad, matiza que interpreta que las iniciales instrucciones del Supremo se limitaban al acto de Constitución del Congreso y no para toda la legislatura.
Pero lo que redondea el asombro es que la Batet se ha dirigido por su cuenta al Supremo, (por entender que la situación de los diputados es de su exclusiva incumbencia y no de un órgano colegiado) sin consultar a la propia mesa de la Cámara que debe aplicar de modo ordinario su propio reglamento. Y mientras en el Congreso se daban vueltas a un asunto claro, era el fiscal quien pedía Supremo que ordene a las Cortes suspender de forma “inmediata” a los dirigentes independentistas aplicándoles la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prevé la suspensión de funciones de los cargos públicos procesados por rebelión que estén en prisión preventiva.  ¿A qué se espera?