Alguien tan poco sospechoso de no estar de acuerdo con la renta mínima (Ingreso Mínimo Vital o IMV) como el economista, ex dirigente comunista y activo antifranquista desde su juventud, Ramón Tamames, advertía los riesgos que conlleva, si las cosas no se hacen como se debe, lo que implicaba el establecimiento del IMV sobre el estímulo a la búsqueda de trabajo y la consideración misma del deber y el derecho de ejercerlo en una sociedad democrática. Y como, en otros casos, recordaba Tamames de lo ocurrido en otros países, como Venezuela, donde medidas parecidas tuvieron un efecto psicológico conexo no deseable. Es decir, que hubo gentes que dejaron de interesarse por trabajar y se acomodaron con los subsidios y pequeñas chapuzas.
Claro que, de entrada, el problema de España es dramático y precisa una medida urgente, junto con otras, y no sólo de caridad, para asegurar no sólo la supervivencia, sino una vida digna en todos los sentidos a centenares de personas en este país. Por ello, hay que felicitarse de que el Consejo de Ministros haya aprobado lo que con razón se califica de el mayor proyecto de alcance social de la legislatura, a la altura de otras acciones semejantes en su día como fue la extensión de la Sanidad universal. Miles de familias esperan como única salida la prestación, de entre 462 y 1.015 euros no sólo desde que estalló la crisis del coronavirus. Estas cuantías podrán ser complementadas por las rentas de inserción de las comunidades autónomas. Pese a que la previsión oficial es que costará a las arcas públicas del orden de los 3.000 millones de euros, otros análisis señalan que la cifra, pronto se verá corta.
El problema radica en articular un sistema efectivo para que la ayuda llegue puntualmente a cerca de un millón de hogares (oficialmente 850 mil) de los que la inmensa mayoría sobreviven gracias a la caridad y la ayuda social improvisadas. Pero el problema que señalaba Tamames y otros radica en que se tiene experiencia de los abusos de algunos desaprensivos que se han aprovechado de las ayudas sociales gracias a la falta de coordinación entre comunidades autónomas y ayuntamientos. Y ese riesgo existe.
En Vigo, no hay mucho, la policía descubrió el fraude cometido por dos extranjeros, uno de los cuales tenía cinco identidades y estaba empadronado en otros tantos municipios, y otro en dos, y percibían ayuda por cada uno. El segundo motivo de preocupación que exige rigor para que las ayudas lleguen realmente a quien las merece y necesita, es en el que Tamames ponía especial prevención. Ese riesgo es que muchas personas se conformen con la ayuda y se desestimule la búsqueda de trabajo o disposición para trabajar. Y en ese caso, se cita la experiencia de los Planes de Empleo Rural. Tanto en Andalucía como en Extremadura, en su caso, o Levante, en otro, se asiste a la paradoja de que haya que importar mano de obra extranjera para las campañas de recolección, en tanto las personas con prestaciones sociales no aceptan ocupar los puestos vacantes, a no ser que se mantengan al tiempo las coberturas que reciben, y que, en esos casos, deberían cesar temporalmente.
Es decir, que conocemos los riesgos de situaciones parecidas. Pero, se debe insistir de que estamos ante una situación dramática, por lo que, si de produjeran desviaciones del objetivo de la Renta Mínima deberían ser corregidos de modo urgente. Es muy importante por eso, que el Gobierno sea preciso a la hora de establecer el umbral para cada tipo de hogar en función de sus características, número miembros y de la monoparentalidad. Se anuncian 14. Una vez analizadas las rentas que tenga ese hogar, incluidas las salariales, el IMV cubrirá la diferencia entre la renta existente y el umbral fijado para ese tipo de hogar hasta los citados 1.015 euros como máximo. Es de esperar que el sistema de solicitud no sea complicado a través de sede electrónica y que sean rigurosas especialmente para evitar fraudes con carácter general, teniendo en cuenta además las circunstancias especiales respecto a los requisitos de acceso para colectivos como las personas víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género, o los solicitantes de asilo. El propio Gobierno ha advertido ya sobre la necesidad de impedir que se produzcan, como en otros casos, la denominadas "trampas de la pobreza" que se producen cuando las prestaciones sociales son incompatibles con el empleo. Pero el problema deriva, como Tamames advertía, que muchas personas tendrán que elegir entre un trabajo precario y una ayuda social, no suficiente. El Gobierno ha aclarado que el acceso al IMV estará condicionado únicamente al nivel de ingresos y de patrimonio. El tener un techo propio, no excluye de recibir las ayudas si no se tienen ingresos. Es mecanismo se llamará un "test de riqueza", poco habitual en España. El Gobierno sabe, de antemano, que se van a producir casos de engañarlo, pero parece que quiere estar preparado.
