Cuando en respuesta a las alusiones de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, de que su padre, antiguo miembro del FRAP, el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias demostró desconocer alguna de las prerrogativas que amparan a los diputados y senadores en el ejercicio de su función, en sesión de la cámara, en cuanto a lo que digan, sea un disparate o una alusión de mal gusto o cosa parecido. El artículo 71.1 de la Constitución señala que los diputados gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Esto significa que los miembros de las cámaras no responden jurídicamente y por tanto no pueden ser perseguidos o demandados por las opiniones manifestadas y vertidas con ocasión del ejercicio de sus funciones. Sin embargo, Iglesias acusó a Cayetana de cometer un delito.
El bien jurídico que protege la inviolabilidad es la libertad de expresión. La inviolabilidad impide cualquier procedimiento judicial tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil. La inviolabilidad extiende sus efectos temporales de manera indefinida por lo que tampoco es posible un procedimiento judicial por las opiniones vertidas en sus funciones parlamentarias cuando ha dejado de ser parlamentario. El alcance de ese privilegio es concreta y especialmente las propias opiniones manifestadas, pero se extienden a otras intervenciones o manifestaciones de posición en votaciones o proposiciones no de ley. Ahora bien, el reglamento de la Cámara puede sancionar expresiones inadecuadas a través de las potestades disciplinarias que ejercen las propias cámaras. Es costumbre, en la tradición parlamentaria española, que cuando un diputado o senador se excede, el presidente de la cámara le invite a que retire las expresiones inadecuadas u ofensiva, y que, en todo caso, tome la decisión de que sean retiradas del acta. No se borran, pero sí se acotan entendiendo que tales expresiones no fueron proferidas.
En la II República se dieron en el Congreso situaciones divertidas. En una de ellas, un diputado de la izquierda aludió a la ropa interior de un diputado de la derecha, considerando que hasta sus calzoncillos eran expresión de lo antiguo que era, a lo que el aludido respondió: “Qué indiscreta es su señora”.
El Partido Comunista de España (marxista-leninista), impulsor del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), cometió diversos asesinatos de policías y causó no pocos estragos, especialmente en oficinas bancarias. Dado su carácter estalinista hizo especialmente objetivo de sus ataques al Eurocomunismo de Santiago Carrillo. Tanto en su emblema como en los documentos donde expresa su doctrina considerada la lucha armada como una herramienta necesaria para alcanzar sus objetivos. En la transición se opuso al consenso constitucional. Pese a ello, se benefició de la amnistía, lo que, tras la renuncia a la violencia, fue legalidad como partido en 1981, y llevó una escasa actividad hasta que fue disuelto en 1992. En 2006 pretendió reconstituirse, y muchos de sus antiguos miembros acabaron en Podemos
La primera víctima de las acciones violentas del PC-ML, cuando el FRAP todavía estaba en proceso de formación se produjo el primero de mayo de 1973. Militantes de estas organizaciones se concentraron en la plaza de Antón Martín de Madrid, provistos de toda clase de palos, barras de hierro, navajas y otros objetos contundentes (en incluso prepararon un sistema asistencial previsoramente). En el enfrentamiento con la Policía fue apuñalado el subinspector Juan Antonio Fernández y resultaron heridos otros dos. Una de las características del FRAP es que presentaba sus actos “como acciones de autodefensa y justicia popular”, expresión la primera que ahora recuperan algunos digitales de los que habitualmente apoyan al Gobierno.
Durante la transición, el FRAP se abstuvo de renunciar a la violencia y de integrarse en las organizaciones de coordinación democrática (Junta, Plataforma y Platajunta), a las que calificó de “estercolero”. El PC-ml fue desactivando el FRAP y creó como alternativa “La Convención Republicana de los Pueblos de España”, que igualmente fracasó. En Vigo, el FRAP llegó a tener una discreta organización, pero muy activa. El encargado de llevar los comunicados a la prensa era un empleado de una entidad bancaria de la ciudad, persona de gran simpatía personal, a quien conocí y traté y que posteriormente evolucionó como otros miembros de su partido, hacia posiciones más templadas.
