Las controversias que suscita la nueva situación del Rey honorífico, Juan Carlos I, mal llamado “emérito”, quien aparte de jubilado como jefe de Estado, renuncia ahora a ejercer ninguna clase de misión institucional plantea de nuevo el olvidado asunto de dotar a la monarquía de un Estatuto, asunto que dejaron aparcado los dos grandes partidos dinásticos, el PP y el PSOE ya en tiempos de Zapatero. La ausencia de esa norma ha sido parcheada bajo el reinado de Felipe VI, de modo parcial, en asuntos tan delicados como los regalos que puede recibir el rey o los miembros de su familia y las propias actividades que están vetadas a los miembros de la familia real.
Atrás quedan 119 actos oficiales, entre ellos nueve viajes a Iberoamérica, muchos de ellos por motivos de asueto privado. Pero se anuncia que el joven Capeto reinante podrá seguir contando con él si fuera menester ¿Y cuánto va a percibir como sueldo a partir de ahora que actualmente asciende a 194.232 euros? No se sabrá hasta los próximos presupuestos. Por otro, Juan Carlos es un hombre rico que no precisa viáticos: En septiembre de 2012 el diario The New York Times cifraba la fortuna de la Familia Real española ha sido estimada en hasta 2.300 millones de dólares. No obstante, se cree que la cifra pudiera ser exagerada al incluir antiguos bienes de la Corona, ahora del Patrimonio Nacional.
Juan Carlos ha venido disfrutando de la llamada “Renta del petróleo”, es decir una comisión por cada barril importado de determinados países árabes, como pago por sus gestiones, en la que aparece como intermediario su amigo y edecán privado Manuel Prado y Colón de Carvajal.
Que el propio presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, dijera en su momento que el aforamiento de Juan Carlos I fue una “chapuza”, aunque luego pretendiera matizarlo, es suficientemente expresivo del modo en que se llevó a cabo el proceso de resguardo del rey honorífico, tras su abdicación. La forma de aforar a Juan Carlos fue realmente curiosa, a través de una disposición incluida en un texto legislativo (Su aforamiento, los de su esposa y su nuera, fueron incluidos en lo que el Gobierno tenía más a mano, la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) que nada tiene que ver, por razón de la materia, con la temática relativa a la Corona. .
Fechas después del 18 de junio de 2018, en que Iñaki Urdangarín ingresaba en la cárcel de Brieva, en Ávila, para cumplir su condena de 5 años y 10 meses de prisión por el caso Nóos, se produjeron nuevos sobresaltos para la Corona, pero apenas unas semanas después trascendían las grabaciones a la empresaria alemana y amante del rey honorífico Juan Carlos I, Corinna Sayn-Wittgenstein, que, en una conversación con el ex comisario Villarejo, destapó supuestas actividades ilícitas del monarca que van desde el cobro de comisiones a la evasión impuestos, bienes y propiedades.
El PP y el Partido Socialista Obrero Español se apresaron a tender una cubierta de protección sobre el monarca e impidieron, como es habitual, que el Congreso de los Diputados conociera del asunto. A su vez, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egeo acordó el archivo provisional de la pieza separada sobre las grabaciones que acusaban a Juan Carlos I de conductas que, en el caso de cualquier otro ciudadano, hubieran sido investigadas.
Desde diversas posiciones, prestigiosos especialistas en Derecho Constitucional, han venido demandando la conveniencia de redactar un “Estatuto de la Familia Real”, de modo que se hubieran delimitado en debida forma el marco legal dentro del cual los miembros de dicha familia pueden desenvolverse y que tantos problemas habría evitado a ellos mismos, a la institución y al país. Dolores de Cospedal, expresando la postura del PP, manifestó en su momento que el asunto debería abordarse “con mucha tranquilidad y prudencia para buscar un acuerdo entre todos los partidos porque merecía una reflexión pausada y no al socaire de una u otra noticia”. El PSOE fue siempre más claro que la derecha. “Sólo hace falta elegir el momento apropiado” dijo Elena Valenciano, como portavoz del PSOE en su momento, quien bautizó la reforma como “Estatuto de la Casa del Rey””. Lo más increíble fue la explicación: “Se hará cuando sea posible para modernizar la monarquía”.
