Opinión

La expresión “desafecto al Gobierno” evoca “Desafecto al Movimiento”

La expresión "desafección al Gobierno", empleada por el general jefe de Estado Mayor, Manuel Santiago, de la que tanto se ha hablado estos días, ha venido a evocar inevitablemente el recuerdo de la misma expresión, durante el franquismo, y que figura como causa y motivo de los expedientes de miles de funcionarios públicos, especialmente los maestros, y también de los cargos en los consejos de guerra que condujeron al paredón a quienes resultaban ser “desafectos al Movimiento Nacional”
La lectura de la terminología empleada en los expedientes de depuración resalta siempre que uno de los cargos de la persona depurar y condenar a la muerte civil era precisamente no haber manifestado simplemente su “adhesión el Movimiento Salvador de España” o haber mostrado simplemente alguna simpatía por los partidos republicanos, o simplemente haber asistido a un mitin de cualquier formación de izquierdas.

Lo más curioso de aquel proceso era que los acusados de ser desafectos deberían demostrar su inocencia, al contrario de lo que debería corresponder al inquisidor que debe demostrar que el acusado es culpable. Pero no sólo haber mostrado simpatía simplemente por la izquierda era prueba de desafección, sino que se consideraba tal toda intervención en la renovación pedagógica de la escuela española frente a los postulados del nacional catolicismo. Y la consecuencia para maestros y funcionarios en general era, en el mejor de los casos, la muerte civil y la expulsión temporal o definitiva de los cuerpos a los que pertenecieran. El ser desafecto tenía diversas consecuencias graduales. Si la inhabilitación no era total, si privaba al depurado para ejercer cargos directivos, de confianza y de responsabilidad política de por vida.  
El 7 de diciembre de 1936, el Presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza, el escritor gaditano José María Pemán, dirigía a los presidentes y vocales de las Comisiones depuradoras del personal de Instrucción, o sea, de los maestros, una circular que no dejaba lugar a dudas. Con él iba a colaborar como miembro de la Junta Técnica del Estado el integrista Eugenio Vegas Latapié, más tarde secretario del consejo de don Juan de Borbón y preceptor del príncipe Juan Carlos. Hay una frase que resume por si sola la filosofía de Pemán de aquel tiempo: “El Estado reserverá toda su dureza depurativa a todos los intelectuales que optaron claramente por lo antinacional o masónico, o judeo o marxista. Para ellos la salvación es imposible”. Y en la citada instrucción se anunciaba: “El carácter de la depuración que hoy se persigue no es solo punitivo, sino también preventivo. 

Las comisiones depuradoras recogían informes oficiales sobre cada maestro, alcalde, cura y Guardia Civil y presidente local de la asociación de padres de familia de la localidad donde ejercía o había ejercido el maestro, así como cualquier otra información que considerara necesaria. A partir de ahí se podía rehabilitar el maestro, o si procedía, formularle un pliego de cargos que el interesado debía responder en el plazo de diez días, aportando, además, la documentación pertinente. Y aquí radicaba uno de los aspectos más perversos de la depuración: la carga de la prueba se invertía, de forma que era el interesado quien debía demostrar su inocencia, en vez de ser la comisión quien demostrara sin lugar a dudas su culpabilidad. Aunque la depuración del magisterio fue especialmente severa, similares procedimientos se emplearon con los funcionarios en general.

La depuración de funcionarios “desafectos” con carácter general comenzó con la Ley del 10 de febrero de 1939, cuando la guerra seguía su curso en sus últimas etapas.
Los funcionarios del nuevo Estado tenían que demostrar que eran afectos del Movimiento Nacional, sin mácula alguna en su pasado. Pero la persecución de los desafectos iba más allá y entraba en el espacio de los trabajadores no leales al Caudillo o sospechosos de no serlo, de modo que los censores franquistas imponían los que deberían ser despedido. Los funcionarios además de responder a un cuestionario sobre sus actividades políticas y sindicales antes del 18 de julio, debían demostrar que no eran “desafectos”, mediante una declaración de adhesión al Movimiento. Las explicaciones de los sometidos a expediente de depuración eran contrastadas con informes de carácter político realizados por la Policía, la Guardia Civil, la Falange y el Servicio de Información Militar. Los avales de personas adictas al régimen eran determinantes, como contrapeso, pero también tenía riesgos:   En el mes de marzo de 1939, la Jefatura de Ocupación de Barcelona anunció que serían sancionados aquellos que avalasen a los considerados como “rojos notorios”. Y como era de esperar por la picaresca española surgió un mercado de venta y falsificación de avales. Los funcionarios que se resistieron a la depuración fueron declarados culpables y separados del servicio sin necesitar de abrir un expediente. Sin más. Y los que estaban en el exilio perdieron su condición y empleo para siempre por desafectos.

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