Opinión

El delito de amenazas y las que lanza Torra

Torra no tiene límites para atacar al Estado, Sánchez está constreñido para defenderlo por las exigencias de sus mentores que lo hicieron presidente. La vicepresidenta Calvo reduce a una mera frase de Torra lo que el Código Penal considera “delito de amenazas”
No era necesario que el vicario Torra anunciara su propósito de atacar al Estado. Lo vienen haciendo desde que Rajoy negó a Mas el pacto fiscal o más dinero del resto de los españoles y reducir todavía más la presencia del Estado en Cataluña. Y tiene razón al campar a sus anchas porque enfrente no hay nada; o, mejor dicho, el que tiene teóricamente enfrente está allí porque lo llevó él mismo y su cuadrilla. ¿Qué le van a decir? Para su complacencia, el Estado le ha mandado a dos aliadas del PSOE, ambas de acuerdo con él, expresado rompiendo la disciplina de voto socialista de que los vecinos de Cataluña tenían derecho a decidir el futuro de España por su cuenta. Me refiero a la ministra de administración territorial y a su camarada delegada del Gobierno.
La foto de Sánchez recibiendo en la Moncloa al delegado de Puigdemont con el símbolo de la rebelión contra el Estado es una expresiva muestra del triunfo visual de la rebelión, magnificado con su exhibición delante del jefe del Estado el pasado día 17 en Barcelona, orlado por la pancarta en la que se insultaba al Rey, mientras, nunca mejor dicho, Sánchez miraba para otro lado. Pero lo peor estaba por llegar, cuando se dijo que la pancarta no gustara al Gobierno, se hizo una pregunta a posteriori sobre su seguridad y se quitó hierro al asunto. O sea, el presidente del Gobierno haciendo el “Don Tancredo”.
Pero para asombro de los siglos, la respuesta de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo a las amenazas y los actos de Torra resulta insólita, en tanto que las ignora y reduce a una mera expresión verbal y no un delito contemplado en el Código Penal, en tanto acusa a la derecha de “radicales” por críticas
La vicepresidenta ha dicho esto sobre la amenaza de Torra: “Es una frase inaceptable con la que no se ataca el Estado, porque es una frase. Cuando existan hechos jurídicos que se puedan atacar jurídicamente, con instrumentos normales o excepcionales, el Gobierno sabe en tiempo y en forma cuáles son sus obligaciones constitucionales”. O sea, que según esta señora que es Doctora en Derecho, la amenaza al Estado, a todos los españoles es sólo una frase, no un hecho con relevancia jurídica, y por lo tanto sin consecuencias jurídicas.
El Código Penal tipifica el delito de amenazas en el Art. 169 y siguientes. El Art. 170 tipifica, de hecho, las amenazas “dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población”. Hay otras expresiones que también son delito. Por ejemplo, el Art. 543 del Código Penal afirma: “Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses“.  O sea que, según la Doctora Carmen Calvo, vicepresidencia del Gobierno, amenazar al Estado, que representa al conjunto de los españoles, vistos los hechos cotidianos, es “una frase”, pero quienes denuncian la amenaza de Torra emiten un “discurso radical”. Es más, concluye que quienes critican a Torra y la dejadez del Gobierno son los que atacan a España, no los que advierten que lo harán y lo hacen. O sea, que si un aliado del Gobierno anuncia que va a atacar a España es una frase, pero los que critican que se diga eso impunemente son los atacantes.
Esto no es más que un suma y sigue desde que, sin que Torra y los suyos hayan variado discurso y objetivos, su amiga Meritxell Bated dijera que lo encontraron dialogante y en buena sintonía con el Gobierno.
Hoy mismo, el discurso de la impotencia se cierra, por ahora, con la queja del ministro de Exteriores, señor Borrel, de que los separatistas vuelven a abrir las embajadas. O sea, volvemos al punto de partida de la rebelión con una diferencia: esta vez no está al frente del Estado que no contempla, ni de lejos, la posibilidad de aplicar otra vez el 155, pero esta vez de verdad...

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