En los últimos días, a raíz del incidente entre el coronel de los Cobos y el ministro del Interior, Marlaska, diversos medios, sobre todo digitales, de manera tan sesgada como incompleta, vienen realizando una recapitulación selectiva sobre las cloacas del Interior, de suerte que ignoran, olvidan y ocultan que este fenómeno tiene en España una historia, una trayectoria y un recorrido en el que no sólo pulula la derecha, sino el propio PSOE, de manera harto elocuente, que sentó en el banquillo a dos ministros del Interior de este partido y llevó a la cárcel por delitos comunes a uno de ellos y al secretario de Estado de Interior, y en su transcurso reciente a diversos altos mandos policiales, incluidos en su día al director general de la policía.
¿Por qué los medios que estos días recopilan la historia de las cloacas del Estado se olvida del GAL, de la mafia policial, de los fondos reservados, de Roldán, del chivatazo policial a ETA, caso Bar Faisán, en que la propia policía advirtió a que iban a por su estructura de financiación? Todo forma parte del mismo fango. Por cierto, que el presidente Aznar fue el que concedió el indulto al titular de Interior Barrionuevo y al secretario de Estado Vera, que apenas pisaron la cárcel. En medio de todo esto, con apenas dos días de diferencia, hemos asistido a una llamativa contradicción y a un llamativo silencio. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, después de que Pedro Sánchez aludiera en el Congreso a su existencia, afirmaba: "Ya en nuestro país no existe el concepto de policía patriótica. Pertenece a otro momento. Trabajamos con hombres y mujeres preparados”.
Ahora mismo, aparte de la acusación al PP de crear una “policía patriótica” y de las recientes acusaciones a la propia Guardia Civil de albergar en su seno un grupo golpista que trata de desacreditar al Gobierno, se vienen exhumando otros graves episodios, en absoluto desdeñables y de extrema gravedad, pero no lo son menos lo que se ocultan. En el caso del PP aparece por medio el tenebroso comisario Villarejo. La imputación más grave apunta a Rajoy a quien se acusa de haber creado con Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, una unidad secreta en la Policía Nacional cuyo primer objetivo fue investigar a los políticos independentistas sin orden judicial, empezando por Jordi Pujol y su fortuna. En la misma diana de esas investigaciones se acusaba a dicho entramado policial de urdir un plan contra Podemos y su financiación, incluidos rocambolescos episodios como el robo de un teléfono
En julio de 1998 el ministro del Interior, Barrionuevo, y el secretario de Estado, Vera, fueron condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a diez años de prisión y doce de inhabilitación absoluta por el secuestro de Segundo Marey, reivindicado por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), y el delito de malversación de caudales públicos para la financiación de los GAL. Su ingreso en prisión no se produjo hasta septiembre y tan solo tres meses después fueron excarcelados gracias a un indulto parcial del Gobierno de José María Aznar. En enero de 2002, La Audiencia Provincial de Madrid condenaba al ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera a dos años de cárcel y a los otros cuatro acusados a diversas penas: al ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado a seis años de prisión, al ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal a cuatro años, al ex jefe del Mando Unico de la Lucha Contraterrorista Francisco Alvarez a 11 meses de prisión, y al ex gobernador civil de Vizcaya Juan Ignacio López Rodríguez a diez meses de cárcel. El fiscal sostuvo que los acusados "aprovecharon la discrecionalidad en el manejo de fondos reservados para convirtiéndolo en arbitrariedad, adulterar su fin propio, amparados así en la total ausencia de cualquier tipo de control". En ese recuento tampoco se menciona el caso Roldán, que a punto estuvo de ser nombrado ministro del Interior por Felipe González) entre octubre de 1986 y diciembre de 1993 para su enriquecimiento ilícito mediante una estructura de comisiones por obras, la no justificada adjudicación directa, con lo que logró una fortuna.
En octubre de 2013 la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a un año y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector José María Ballesteros por un delito de revelación de secretos, por el chivatazo al aparato de extorsión a la banda terrorista ETA que se produjo en el bar Faisán el 4 de mayo de 2006. momento en que Zapatero negociaba con la organización terrorista. Por aquel tiempo, el mismo Otegui, al ser detenido preguntó: ¿Lo sabe el fiscal general del Estado? La Guardia Civil fue determinante para demostrar la implicación de los dos policías citados en el asunto, El caso prosperó judicialmente gracias a que Pablo Ruz, que sustituyó a Garzón en la instrucción, que quería archivar las diligencias pudo salir adelante. La asociación Dignidad y Justicia, que ejercía la acusación popular en la causa, también solicitó al juez que no archivara la causa y que fuera la Guardia Civil quien asumiera la investigación.
O sea, que las cloacas tienen cauce superior.
