En el último Consejo de ministros antes de la disolución formal de las Cortes el Gobierno ha aprovechado para aprobar algunos reales decretos ley de singular incidencia en la vida personal y social de muchos ciudadanos. Los partidos de la oposición en un ejercicio de memoria selectiva o más bien de olvido interesado, critican lo que ellos han realizado cuando han tenido oportunidad.
Sea cual sea la situación bienvenido sea el intento de mejorar la vida y es preciso preguntarse por qué no se han adoptado antes medidas que tienen toda su razón de ser, como la equiparación de derechos y responsabilidades de los padres ante el nacimiento de un hijo, cuando además existe la suficiente jurisprudencia procedente de los países de nuestro entorno, o sobre el alquiler de la vivienda para favorecer que los jóvenes se emancipen y las familias puedan vivir con tranquilidad en un domicilio. De las críticas a ambas medidas o sobre todo, de parte de quienes proceden esas críticas se puede colegir que son decisiones que están bien traídas. Cierto que otras críticas consideran que la medidas se quedan cortas y en ese caso puede que lo mejor siempre sea enemigo de lo bueno, como ha ocurrido en otras ocasiones recientes.
El Congreso, con el voto en contra de Podemos, rechazó el primer intento de establecer una nueva regulación porque no establecía topes a la subida de las mensualidades. Si se aprueba la nueva norma, la subida del alquiler estará referenciada al IPC y en ningún caso estará al arbitrio del arrendador. Esa medida no es nueva, ya estuvo vigente y aún hay alquilados que se rigen por ella y es la más lógica. Pero cuando estalló la burbuja inmobiliaria se desató al burbuja del alquiler con subidas desorbitadas. Los 'morados' parece que ahora han entendido que ante la imposibilidad de establecer límites es preciso encontrar una fórmula que sea aceptada y aceptable y además con un cierto pedigrí.
Pero si se tiene en cuenta que las críticas a la iniciativa del Gobierno proceden en la mayor parte de los actores económicos relacionados con el sector del alquiler, quizá no sea tan mala para quienes prefieren el alquiler -por voluntad o necesidad- como modelo de acceso a la vivienda. Si el fondo buitre Backckstone considera que el real decreto es "muy restrictivo en comparación con los homólogos europeos" para sus intereses y puede producir un alza de precios y una reducción de la oferta -provocadas por él mismo-, sabe que puede buscar terrenos más propicios para su actividad. Otros, afirman que es preciso buscar soluciones de consenso. Hágase. Pónganse a negociar y consideren que la vivienda es un bien social y un derecho constitucional y que es preciso compaginar beneficios económicos y sociales. Y, en efecto, si es preciso, establecer bonificaciones fiscales a quienes alquilan y sanciones a quienes mantiene las viviendas cerradas.
En cualquier caso el decreto del alquiler establece las dos medidas esenciales que quieren los inquilinos, un tiempo largo de estancia -pasa de tres a cinco años el contrato tipo y una posibilidad de renovación de otros tres años entre particulares- y una certidumbre a la hora de afrontar las subidas anuales de la cuota. Esto es lo bueno y a partir de aquí es necesario legislar sobre lo mejor en todos los sentidos y para todos los implicados.
