No por mucho repetir una mentira se convierte en verdad en un Estado plenamente democrático, al contrario de lo que ocurre cuando se trata de tergiversar la verdad por quienes utilizan técnicas conocidas para defender hipotéticos derechos que no existen, o para desfigurar la realidad. Los presos independentistas que organizaron el referéndum ilegal del 1-O, que declararon la independencia de Cataluña por apenas unos minutos, con la que trataron de llevar a cabo la secesión de una parte de España, y sobre todo sus altavoces civiles –Omnium y la ANC- y los partidos independentistas pretenden hacer pasar el juicio al que van a ser sometidos en el Tribunal Supremo por un ataque a un inexistente derecho de autodeterminación, a la libertad y a la democracia y, aún más, a todo el pueblo de Cataluña, cuando solo hace falta realizar un recorrido por acontecimientos cercanos en otros lugares para comprobar lo que es cercenar las libertades, lo que no pueden decir los independentistas catalanes cuando gobiernan las principales instituciones autonómicas –Gobierno, Parlamento y ayuntamientos principales- y ejercen su actividad política sin trabas.
Si no lo hacen más es porque reconocen que un Estado tiene derecho a defenderse, que la legalidad es la que es, derivada de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, que está por encima de la fraudulenta legitimidad de origen de un referéndum que ni la comunidad internacional reconoció que cumpliera los mínimos estándares democráticos, ni posteriormente nadie reconoció a la nonata república catalana. Y si incurren en más ilegalidades fuera de provocaciones y bravatas ya conocen cual será la respuesta del Gobierno.
Los independentistas catalanes quieren trasladar a la comunidad internacional que se trata de un juicio político, y en segundo lugar, volver la oración por pasiva y convertir la vista en el Tribunal Supremo en un juicio contra España, presentada como un estado que vulnera derechos y libertades de los catalanes. Por eso es preciso que el juicio se desarrolle con la máxima transparencia, que no haya ni el más mínimo asomo de actuaciones que puedan interpretarse como una vulneración del derecho a la defensa de los encausados para evitar cualquier tipo de susto ante la justicia europea, destino último de la sentencia si resultan condenados, sea cual sea el tipo de delito por el que lo sean.
Un juicio al que se ha llegado con Cataluña en plena normalidad democrática, sin que se encuentre en ningún estado de excepcionalidad, que apenas duró un par de meses –en el caso de que la aplicación de un artículo de la Constitución merezca esa consideración-, el tiempo necesario para que los catalanes acudieran a las urnas legítimas y volviera a comprobarse que carecen de la mayoría social necesaria para llevar a cabo su proyecto secesionista. Llega el juicio, que comenzará el próximo día 12, con tiempo suficiente para que las defensas terminen de perfilar sus planes, en un momento en el que el independentismo sufre un proceso de división y cuando el Gobierno le ha quitado el argumento de la cerrazón a dialogar sobre el futuro. No obstante, el proceso judicial puede actuar como pegamento temporal pero sin la fuerza suficiente como para que todos juntos concurran en listas únicas a las elecciones.
