El Consejo de Ministros se reúne este martes tras las vacaciones en un marco que casi podría definirse como caótico: con la pandemia disparada, la descoordinación autonómica y municipal agravada, el regreso a las aulas incierto para millones de españoles y, en cambio, con una muy cierta perspectiva de quiebra económica desde varios puntos de vista. Resulta difícil creer que a estos problemas (y a otros más cuya enumeración sería larga) haya de sumarse otro, muy concreto: la situación judicial, parlamentaria y mediática por la que pasa el partido coaligado con el PSOE para formar Gobierno, cuyo vicepresidente, Pablo Iglesias, se ve forzado a guardar silencio y a escabullirse de los medios "hasta que se aclare el panorama y acabe el intento de cacería", en palabras de alguien considerado cercano a Iglesias.
Este mismo martes, mientras los ministros se reúnen para, se supone, tratar de impulsar una ofensiva política y de acción que incluya una mayor eficacia en la lucha contra el coronavirus y sus consecuencias sociales y económicas, en el Congreso se presentará una iniciativa de la nueva portavoz 'popular' en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, para crear una comisión de investigación de las actividades de Podemos en relación con las actuales pesquisas judiciales en torno a esta formación. La iniciativa presumiblemente no prosperará y será considerada por ellos mismos como una 'causa general' contra el partido morado, pero, sin duda, el desgaste que desde el Parlamento y desde los medios, para no hablar ya de los propios tribunales, se produce para Podemos va a ser, está siendo, muy notable.
Siempre antepondré la presunción de inocencia a cualquier comentario condenatorio. Ignoro las últimas ramificaciones del 'caso Dina' y también si las acusaciones del despedido abogado Calvente tienen tras de sí hechos contundentes que sustenten tales acusaciones. No prejuzgo culpas: solamente hablo del problema adicional que se crea a la dificilísima gobernación del país con la que a todas luces es una enorme inestabilidad del partido coaligado con el PSOE para regir los destinos de España. Desde la propia Unidas Podemos se defendió (antaño, claro) que el imputado debería cesar en sus funciones públicas hasta que su caso se aclare. Contemplo la posibilidad de que esta tormenta -la generada en torno a varios personajes del partido morado, cercanos todos a Iglesias e Irene Montero- quede en gota de agua. Pero es una gota de agua que, gracias a la propia acción acusatoria de Podemos contra jueces y periodistas, que está actuando como un megáfono, puede por sí sola desbordar el vaso.
Tiene Pedro Sánchez la obligación de ser coherente con sus planteamientos anteriores a las elecciones y de poner fin a esta errática marcha de su Gobierno, que está, contra lo que él dice, muy lejos de ser la mejor de todos los ejecutivos de Europa, y a las cifras pavorosas de rebrotes y de caos escolar, sin ir más lejos, me remito. No puede ser que en un mismo equipo de poder se enfrenten dos maneras de concebir la forma del Estado, los Presupuestos, las alianzas, la integridad territorial, la ética y la estética. No, señor Sánchez: no es verdad que la coalición esté más cohesionada que nunca, y espero que así lo explique cuando, confío en que dentro de unos días, vuelva a sus comparecencias, por limitadas que sean, ante los medios de comunicación. Nunca más necesarias, nunca más difíciles, que ahora. Porque ahora ya no cabe sacar pecho ante lo bien actuado, sino comenzar por reconocer errores para no volver a caer en ellos, que es algo que no nos podemos permitir ni le podemos ya permitir a usted, dicho sea con todo el respeto.
