Octubre se perfila como un mes agitado. Sobre todo en Cataluña y por obra y maniobras de los separatistas que han dado un paso que de hecho viene a legitimar la violencia al aprobar en el "Parlament" una resolución que exige la libertad de siete detenidos a los que la Fiscalía imputa presuntos delitos de terrorismo. La resolución aprobada que se unió a otra que reclama la salida de la Guardia Civil es una vuelta de tuerca a la desesperada en vísperas de que el Tribunal Supremos de a conocer la sentencia contra los políticos (Junqueras, Sánchez, Cuixart, etc) encarcelados por su presunta participación en el intento de golpe de Estado institucional de octubre de 2017. En círculos judiciales de la capital se habla del 10 de octubre como la fecha en la que se haría pública la sentencia.
Aunque menguado, como se pudo comprobar en la última "Diada", el universo separatista intenta agitar a su parroquia aprovechando tanto la sentencia -que barruntan condenatoria- como el aniversario de la fallida proclamación hace dos años de la República catalana. Lo sucedido el jueves en el "Parlament" desmiente o cuando menos matiza la pretendida división entre ERC y JxCat. Como se ha visto, más allá de las diferencias tácticas, siguen del brazo en todo lo que concierne a la quimera independentista. El Gobierno de España no por estar en funciones puede dejar pasar el desafío a la legalidad que suponen las resoluciones aprobadas por los separatistas. Tiene anunciado que las recurrirá ante el TC pero dada la lentitud con la que opera el Alto Tribunal, quizá debería abrir una línea paralela para atajar lo que de hecho supone un acto de rebelión. Al exigir la libertad de personas detenidas por orden de un juez de la Audiencia Nacional, pedir "amnistía" para los políticos presos -antes de conocer las sentencias- y reclamar la expulsión de la Guardia Civil, el Parlamento de Cataluña se coloca fuera del ámbito de sus competencias. Que al frente de semejantes iniciativas que cuestionan el Estado de Derecho y la separación de poderes se encuentre el presidente de la "Generalitat" Quim Torra, primera autoridad de aquella comunidad autónoma, plantea un problema añadido. Ante semejante desafío el Gobierno no puede adoptar el papel de espectador. Aún estando como estamos en vísperas de unas elecciones y sabido que en campaña los políticos sólo están pendientes del voto, Pedro Sánchez va a tener que mojarse. Veremos sí era sincero cuando hace unos días proclamaba que no le temblaría la mano para obligar a las autoridades catalanas a cumplir las leyes. Octubre va ser un mes muy movido.
Aunque menguado, como se pudo comprobar en la última "Diada", el universo separatista intenta agitar a su parroquia aprovechando tanto la sentencia -que barruntan condenatoria- como el aniversario de la fallida proclamación hace dos años de la República catalana. Lo sucedido el jueves en el "Parlament" desmiente o cuando menos matiza la pretendida división entre ERC y JxCat. Como se ha visto, más allá de las diferencias tácticas, siguen del brazo en todo lo que concierne a la quimera independentista. El Gobierno de España no por estar en funciones puede dejar pasar el desafío a la legalidad que suponen las resoluciones aprobadas por los separatistas. Tiene anunciado que las recurrirá ante el TC pero dada la lentitud con la que opera el Alto Tribunal, quizá debería abrir una línea paralela para atajar lo que de hecho supone un acto de rebelión. Al exigir la libertad de personas detenidas por orden de un juez de la Audiencia Nacional, pedir "amnistía" para los políticos presos -antes de conocer las sentencias- y reclamar la expulsión de la Guardia Civil, el Parlamento de Cataluña se coloca fuera del ámbito de sus competencias. Que al frente de semejantes iniciativas que cuestionan el Estado de Derecho y la separación de poderes se encuentre el presidente de la "Generalitat" Quim Torra, primera autoridad de aquella comunidad autónoma, plantea un problema añadido. Ante semejante desafío el Gobierno no puede adoptar el papel de espectador. Aún estando como estamos en vísperas de unas elecciones y sabido que en campaña los políticos sólo están pendientes del voto, Pedro Sánchez va a tener que mojarse. Veremos sí era sincero cuando hace unos días proclamaba que no le temblaría la mano para obligar a las autoridades catalanas a cumplir las leyes. Octubre va ser un mes muy movido.
