Opinión

El caso Zaplana

A la espera de juicio, Eduardo Zaplana cumple este sábado siete meses en prisión preventiva. El ex ministro y ex presidente de la Generalidad de Valencia está encarcelado bajo la acusación, entre otros presuntos delitos, de blanqueo de 10,5 millones de euros que según la fiscalía procederían del cobro ilegal de comisiones. Zaplana padece una leucemia agravada tras el rechazo de un trasplante de médula ósea. Está ingresado desde el pasado lunes en el Hospital de la Fe de Valencia en razón de las complicaciones que está teniendo el tratamiento de la enfermedad.
La juez que decretó el ingreso en prisión ha rechazado las reiteradas peticiones de su abogado para que dadas las circunstancias del caso aceptara el traslado al domicilio familiar. A ésta petición se han sumado otras que vienen del ámbito de la política. Desde el Partido Popular con su presidente Pablo Casado a la cabeza, o el ex presidente del Gobierno José María Aznar, a Pablo Iglesias, líder de Podemos.
La juez mantiene a Eduardo Zaplana, ahora en el hospital, bajo constante vigilancia policial. Medidas que estarían dictadas por el temor a una posible fuga o a la destrucción de pruebas. El juzgado valenciano que lleva el caso investiga la supuesta existencia de fondos ocultos en Uruguay. Todo se hace con arreglo a la ley, pero a la vista del deterioro físico del encarcelado la ley también faculta a la juez para la eventual relajación de la situación penitenciaria del arrestado autorizando el traslado a su domicilio familiar.
No es descartable que así proceda a la vista del deterioro físico que padece. Sí así fuera, a nadie debería escandalizar. La justicia no es venganza y para el tipo presuntos delitos que se le imputan una prisión provisional que alcanza ya los siete meses parece del todo punto excesiva. Antes de la celebración del juicio, al detenido, como a cualquier otro ciudadano, le asiste la presunción de inocencia. Estamos ante una caso que plantea un requerimiento de humanidad. La juez debe valorar la situación en orden a asegurar que el investigado llegue a juicio, pero visto su precario estado de salud la sociedad entendería que con las debidas medidas de seguridad el ciudadano Eduardo Zaplana fuera trasladado a su domicilio. Hay precedentes. La justicia se robustece cuando tiene en cuenta la dignidad del preso.

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