Cuando el pasado 14 de marzo Pedro Sánchez declaró el estado de alarma, asumió una acumulación de poder en su Ejecutivo como no había tenido ningún otro Gobierno en España desde que existe el Estado de las Autonomías. Sánchez contó en ese momento con el respaldo unánime de los españoles, fiel reflejo de la necesidad colectiva de sentirse guiados por un líder capaz de afrontar con determinación la grave crisis de salud pública que estábamos padeciendo. Muchos lo asumieron con la convicción de que en tiempos de tormenta el timón ha de ser gobernado por una mano firme, aunque al principio el barco dé los bandazos comprensibles en un escenario sin precedentes.
A lo largo de estas dos semanas, en cambio, mientras la situación de emergencia sanitaria se agudiza con un creciente número de muertos que han convertido a España, junto con Italia, en el peor escenario mundial de la pandemia del coronavirus, hemos visto cómo un presidente con poder absoluto transmite sensación de constante incertidumbre, sorprendiendo con sus decisiones, promoviendo normas a veces tan contradictorias como la declaración del transporte como un servicio esencial y a la vez dejar sin cobertura logística a sus trabajadores, que no encuentran ni donde dormir ni donde comer en sus rutas, muchas veces internacionales. O la de declarar las peluquerías un servicio imprescindible, por poner dos ejemplos en los que a los pocos días tuvo que rectificar. También nos preocupa la indefinición de muchas decisiones tan relevantes como la que supone arbitrar cuantías milmillonarias para paliar los primeros efectos de la crisis económica derivada de la parada de gran número de empresas y autónomos, pero sin entrar al detalle lo suficientemente aclaratorio como para tranquilizar a trabajadores, empresarios y autónomos, cuando se ven en esa grave situación.
La contradicción se incrementa cuando días atrás Pedro Sánchez se mostraba totalmente contrario a un cierre total de la actividad económica del país y este sábado por la noche, contra todo pronóstico, se inventa una figura laboral, la del “permiso forzoso retribuido y recuperable”, para echar el cierre al escaso pulso económico que todavía latía en nuestro país, como la construcción y algunas industrias y servicios. Y además a partir del mismo lunes, como si la economía en general y la industria en particular tuviesen la capacidad de poder frenar en seco su actividad sin más consecuencias, y que luego ya se irán recuperando esas jornadas de cierre en cómodos plazos hasta el 31 de diciembre. Supone demasiado aquí el presidente Sánchez. El tejido industrial y económico de nuestro país, volvemos a repetirlo, acaba de salir y muy tímidamente, de la anterior crisis. La mayoría de las empresas carece de colchón financiero como para afrontar el pago de retribuciones mientras se cierra su fuente de ingresos. El Gobierno, por otra parte, les prohíbe hacer una reducción de plantilla. Ni tan siquiera les permite finalizar los contratos temporales, muchos de ellos generados como consecuencia de un flujo de actividad que ahora se ve cortado de repente, ni tampoco solicitar un expediente temporal de regulación de empleo. Elige los fines de semana para sus decisiones, que son severas, dramáticas, pero al mismo tiempo están plagadas de ambigüedad: ¿qué es esencial y qué no lo es?, ¿cómo podrá el dueño de un pequeño taller ir a una gestoría a pedir asesoramiento si éstas cierran?, ¿qué pasa con el hostal que ha vuelto a abrir anteayer para atender a los trabajadores de las constructoras del AVE y ahora tiene que volver a cerrar?, ¿y las industrias que tienen contratos comprometidos con clientes que en sus países no han cerrado toda la actividad económica?, ¿dónde está la causa del fracaso de las medidas restrictivas?, ¿en las empresas que siguen trabajando?, ¿no será en la falta de equipos de protección en residencias geriátricas, en hospitales, centros de salud?, ¿no tendrá que ver con los centros en los que todavía no se sabe si hay infectados asintomáticos porque no llegan los test y además se carece de los más elementales medios de protección?
Pensar que la economía de un país puede quedar en estado de hibernación y luego volver todo a su curso normal, como dijeron ayer las ministras de Trabajo y Hacienda en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario, es una ocurrencia que solamente se explica por la falta de experiencia empresarial de quienes la sostienen.
El liderazgo necesitado por todos no parece haberse revelado con la contundencia que esperaban los españoles. Esperábamos y esperamos un Gobierno dispuesto a guiarnos sin titubeos hacia el fin de la pandemia, es decir, a conocer el verdadero alcance de la extensión del coronavirus con la realización de test masivos, y a estas alturas lo que tenemos es una partida de decenas de miles de test defectuosos comprados a través de un intermediario en China. Dispuesto a movilizar todos los recursos económicos e industriales para fabricar, si fuera necesario, lo que no encuentra en los mercados internacionales, a proteger con ello a los profesionales sanitarios y, por extensión, al resto de la población…
Esperamos un Gobierno consciente del sacrificio que está imponiendo a sus ciudadanos con unas medidas restrictivas que superan las de países como Francia o Alemania, con más población y sin embargo menos muertes. Que tome conciencia de la repercusión de sus decisiones y que en consecuencia las administrase con mesura. Con el objetivo siempre por delante de salvar vidas, no puede arriesgarse a improvisar de un día para otro soluciones que pueden abocar a un desastre económico sin precedentes a empresas, autónomos y sus empleados. Si se equivoca, si le tiembla el pulso, si el ciudadano pesa menos en las decisions que los complejos equilibrios de un gobierno de coalición, estaremos caminando hacia una nueva crisis que dejará en la cuneta cientos de miles de parados y cientos e incluso miles de empresas, para quienes el 12 de abril no será Domingo de Resurrección sino la víspera de un viaje hacia un abismo difícil de esquivar.
