Cuando estaban en los mejores años de su vida tuvieron que hacer el petate para conseguir un trabajo que su tierra de origen no era capaz de ofrecerles. Después de pasar décadas remendando la descosida economía española con el envío de divisas ganadas con sudor y privaciones, los emigrantes que decidieron retornar se ven obligados a protestar en la calle por una tributación injusta con sus pensiones en vez de disfrutar de una jubilación más que merecida. Llevan más de tres años portando la pancarta con el lema “Somos emigrantes, non defraudadores” sin que el Gobierno central resuelva el problema, y algunos de los 250.000 gallegos afectados han fallecido durante la lucha porque la mayoría tiene más de 70 años.
Las muestras de apoyo de los grupos parlamentarios de la Cámara gallega o la presunta mediación de la Xunta ante el departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro están bien para disimular las arrugas morales de los representantes públicos, pero es comprensible que los emigrantes se sientan en su tierra indefensos y dos veces maltratados. Primero se les trató como a estafadores al imponerles multas e intereses de demora por no declarar las pensiones que percibieron de los distintos países de destino entre 2008 y 2012, cuando nadie les había advertido de la obligación de declararlas e incluso fueron informados de que no era necesario. Con la devolución de las sanciones y los intereses de demora, el Ministerio de Hacienda corrigió el despropósito pero no arregló un problema que la Coordinadora Nacional de Emigrantes Retornados de Galicia expuso ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara a finales de mazo. Se quejan de que Hacienda aplica un trato discriminatorio a los emigrantes retornados por el origen de las pensiones, incluso cuando proceden de otros países de la Unión Europea, cuando la tributación estaría exenta en los países pagadores. No sólo en su día tuvieron que dejar atrás a sus seres queridos para ganarse la vida, sino que la ley 35/2006 del IRPF les obliga a declarar a partir de los 11.200 euros mientras que el resto de personas físicas tiene que hacerlo a partir de los 22.000. Reclaman “un trato igualitario”, no privilegiado, con un régimen de retenciones idéntico al resto de los pensionistas del Estado.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha obligado a la Agencia Tributaria a devolver las cantidades cobradas indebidamente a los emigrantes en Alemania que decidieron demandar gracias a un convenio bilateral de los dos países de 1966, según el cual no se puede obligar a tributar en España por una pensión cuando el país de origen ya realizó la deducciones. Resulta sangrante que un anciano retornado tenga que recurrir a los tribunales para defenderse de una administración que está obligada a conocer los acuerdos firmados y a respetarlos.
Con la emigración siempre estaremos en deuda y el Gobierno central tendría que saberlo. Por eso también es irrenunciable un posicionamiento firme para que Venezuela abone a los 3.500 emigrantes gallegos retornados la pensión que llevan sin cobrar desde hace más de un año. Lo que es exigible al Gobierno que preside Nicolás Maduro bajo el filtro de la decencia, también hay que aplicarlo aquí con todos los emigrantes sin distinción alguna.
Nuestros emigrantes han hecho por España mucho más de lo que España ha hecho por ellos. Se merecen de su país la mayor de las atenciones.
